“La nueva ley busca cortar las principales fuentes de ingreso del régimen cubano, como la exportación de médicos esclavos y las falsas MiPymes que utilizan para saltar el embargo Económico”

Una nueva ley presentada en Miami por los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez tiene un gran impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla, buscando cortar las entradas de financiamiento del régimen comunista de Cuba.

La nueva ley recién aprobada, busca apoyar la democracia en Cuba, la cual incluye negar visas a funcionarios del régimen cubano vinculados a las misiones médicas y restringe la entrega de fondos a emprendedores de la isla que no apoyen la democracia y los derechos humanos.

La Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024, busca que cualquier gobierno o grupo involucrado en el tráfico de médicos cubanos tendrá prohibida la entrada a Estados Unidos y en que se extenderá la restricción de visas a sus familiares.

El periodista Mario J. Pentón publicó a través de su cuenta en X, “@MarioDB anuncia restricciones de visas para gobiernos y organizaciones que contribuyan al tráfico de médicos cubanos”.

“También incrementa el presupuesto de Radio y TV Martí y elimina toda posibilidad de uso de fondos federales para las pequeñas empresas de Cuba”, agregó el periodista.

Sobre el Personal de la salud

“Hemos incluido la prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno o grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. No podrán entrar a EEUU porque las visas les serán negadas a ellos y a sus familiares”, aseguró sobre la recién aprobada ley Díaz-Balart en una conferencia de prensa en el Museo de la Brigada 2506, en Hialeah Gardens.

En conjunto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense en Miami, ambos congresistas hablaron sobre la importancia de la nueva ley, que golpea a una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano: la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.

“Esto no es tráfico humano. Esto es esclavitud. Ellos son los esclavos del régimen cubano”, indicó Giménez sobre la explotación de médicos cubanos.

“Todas las naciones que estén involucradas en ayudar al régimen a utilizar sus esclavos están involucrados en la esclavitud así que se necesitan más sanciones contra esos países y organizaciones”, agregó el legislador Carlos Giménez.

De acuerdo con denuncias de organizaciones internacionales y relatores en la ONU, el régimen comunista tiene médicos trabajando en decenas de países y se apropia de -al menos- el 75% de los salarios que pagan los gobiernos en los países de destino.

En lo que el régimen califica como «misiones internacionalistas», los profesionales se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, que va desde la prohibición de 8 años de entrar al país si abandonan las misiones, hasta tener a sus familiares como rehenes en la isla.

De igual forma, ambos congresistas republicanos recordaron la eliminación del Programa de Inmigración Profesional para Médicos Cubanos conocido como The Cuban Medical Professional Parole ordenada por el expresidente Barack Obama en enero de 2017.

Dicha ley permitía que médicos cubanos, enfermeras y otros profesionales de la salud solicitaran la visa de entrada a los Estados Unidos, una vez que escapaban de sus contratos en el exterior.

El expresidente Obama eliminó el programa como parte de una negociación con el régimen cubano que incluyó la eliminación de la política “pies secos-pies mojados” y la promesa incumplida de Cuba de aceptar a todos los cubanos con órdenes de deportación desde 2014.

“Esto se complicó cuando se eliminó como si fuera parte de la emigración a Estados Unidos. No considero la situación de los médicos cubanos como parte de la emigración. Es un programa que debe ser selecto y más concentrado”, señaló Díaz-Balart.

Ley incluye un aumento de fondos para Radio Martí, Internet y promoción de la democracia

De acuerdo con la ley, aprobada por el Congreso y que ha sido firmada por el presidente actual Joe Biden, se contempla un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB por sus siglas en inglés) —encargada de Radio Martí y su sitio web Martí Noticias.

A esto se le suma un fondo adicional de $43,6 millones para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden las amenazas de la censura en países totalitarios.

“La congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Giménez han estado muy pendientes del tema de la Internet en Cuba. El congresista Giménez encontró la forma de apoyar estos deseos y pusimos $43,6 millones en fondos de tecnología abierta, un programa para romper el bloqueo de la Internet en todo del mundo”, explicó Díaz-Balart.

Con respecto a las MiPymes en Cuba

Por otra parte, la Ley de Apropiaciones del Congreso elimina la posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan ser utilizados en el fomento del emprendimiento en Cuba.

“Hay una prohibición absoluta de que fondos del contribuyente se puedan utilizar para invertir en las llamadas MiPymes. Esa es una prohibición absoluta. Punto”, enfatizó Díaz-Balart, quien aseguró que los aliados del régimen cubano “no están muy contentos con esto”.

El gobierno cubano permitió la existencia de falsas pequeñas y medianas empresas tras las protestas populares de julio de 2021.

Sin embargo, las denuncias sobre estas falsas empresas que no es más que tapaderas del régimen para burlar el embargo económico, han sido constantes, mientras el gobierno del presidente Joe Biden había prometido apoyo al sector privado como una vía para impulsar reformas políticas, lo cual nunca sucedió.

La nueva ley, prohíbe cualquier financiamiento en programas de promoción de la democracia en Cuba en temas empresariales, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia que no estén relacionados con el fomento de la democracia “como expresamente autoriza la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 y la Ley de Democracia Cubana de 1992”.

Esta prohibición podría afectar directamente a iniciativas como el Programa de pequeñas subvenciones de la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de EEUU en La Habana en apoyo al sector privado cubano que ofrecían un fondo de hasta $400,000 dólares para proyectos de emprendimiento en la isla.

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