“El OCAC denuncia con estadísticas y datos nacionales, como el régimen comunista de Cuba ha dejado de invertir en la seguridad sanitaria en la isla desviando los fondos hacia negocios lucrativos de la oligarquía comunista”

El conglomerado GAESA, propiedad del régimen comunista de Cuba saqueo los fondos del sistema de salud de Cuba, según un informe publicado por el Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC), desfalcando casi 70 millones de dólares, que deberían estar destinados a la salud pública.

La organización Cuba Siglo 21 con sede en Madrid, España, acusó a la nueva oligarquía cubana de haberse apropiado como mínimo de 69.8 mil millones de dólares ($69,866,399,679), provenientes de los salarios de los médicos en las brigadas internacionales.

Estos fondos, explica la organización, nunca fueron invertidos en el sistema de salud nacional como había anunciado el gobierno cubano.

OCAC exige de esta forma a GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos, abran sus libros a escrutinio fiscal y público y procedan de inmediato al reintegro al sistema de seguridad sanitario de los fondos saqueados entre 2009 y 2022.

De acuerdo con el informe publicado, GAESA, el holding de la nueva oligarquía cubana, a través del Banco Financiero Internacional (BFI), no solo robó a los médicos, sino que también a la nación, de tal forma que estos desfalcos han impulsado el desmantelamiento del sistema de salud pública.

“Al enfrentar las primeras acusaciones de trabajo forzoso en ese sector, en violación del derecho internacional, el gobierno cubano alegó que los salarios confiscados a las brigadas médicas serían reinvertidos en el sistema de salud pública nacional”, explicó el OCAC. Sin embargo, alega que esto nunca ocurrió.

De acuerdo con las estadísticas anuales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba se refleja una aguda disparidad entre los ingresos que se reconoce aportados por las brigadas y el monto de inversiones dedicadas a salud pública.

Según el informe publicado, se confirma que, en los últimos 13 años, se invirtió 13 veces más en la construcción de nuevos hoteles que en el sector de la salud.

Informe de OCAC muestra el total abandono de la seguridad sanitaria en Cuba, utilizando los propios datos de ONEI se aprecia como la inversión en inmobiliaria y centros turísticos para extranjeros ha aumentado, mientras que el gasto de salud continua bajando.

Por seguridad sanitaria de un país se entiende la suma de varios factores entre los que destacan el estado y accesibilidad universal a los servicios médicos, fármacos y servicios de salubridad (alcantarillado, tratamiento de aguas negras, acceso a agua potable, eliminación de vectores propagadores de enfermedades, recogida de basura y desechos, entre otros).

Las cifras muestran que la seguridad sanitaria en Cuba se encuentra en caída libre. 

Las cifras oficiales, en Cuba el número de hospitales decreció entre 2007 al 2018 un 32%. (todos los rurales fueron cerrados a partir de 2011) los policlínicos en un 9%, mientras que todos los puestos médicos rurales y urbanos cerraron a partir de 2010.

“El país pasó de tener un total de 312,406 empleados como personal facultativo en el año 2021, a 281,098 en 2022. El personal de salud descendió en 31,308 menos en solo 12 meses, de 2021-2022” explica el informe.

Por otra parte, indica el informe que “la falta de medicamentos básicos se ha duplicado este año con relación al año 2020. De 84 medicamentos faltantes en 2020, en 2023 la cifra llegó a 172”.

A través de una encuesta realizada en agosto de 2022 por el sitio independiente de información y estadísticas Cubadata, se pudo conocer que el 46.7 % de los encuestados consideraba muy difícil conseguir medicinas en el país.

Durante el mes de septiembre miembros de OCAC realizaron visitas a farmacias en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.  Se recopiló información sobre la falta de medicamentos que son expedidos por tarjeta de control (tarjetón) por tratarse de medicinas para condiciones crónicas, y los de primera prioridad.

El resultado mostró que en todas las provincias se existe la falta de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos.

Así mismo se determinó que un tratamiento mensual para enfermedades crónicas que solo puede adquirirse en el mercado negro puede equivaler a más del 200% de la pensión mínima, reveló el estudio del OCAC.

Por ejemplo, Enapranil, para la presión arterial elevada y Amitriptilina para la depresión pueden llegar a costar 3,600 CUP que representa el 236 % de la pensión mínima de 1,528 CUP.

La seguridad sanitaria en la isla, de acuerdo con el informe, se ha dividido en dos grupos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional.

Mientras que, por su parte, los hospitales también carecen de insumos básicos y equipamiento para diagnóstico y atención a pacientes, así como para mantener la limpieza y esterilidad de las instalaciones. Son los familiares los encargados de conseguir los insumos para cualquier procedimiento en el mercado negro.

La Relatora Especial de la ONU, al hacer la evaluación sobre el impacto de las sanciones económicas unilaterales en diversos países, afirmó que el deterioro del sistema de salud pública en Cuba se debe a ese factor externo, ajeno a la voluntad del gobierno cubano, lo que el OCAC considera ser una apreciación errada.

“La causa real de la crisis en el sistema sanitario cubano es de naturaleza endógena y sistémica: el abandono deliberado de las responsabilidades constitucionales del Estado con las necesidades básicas de la población”, indica el informe. 

Para lo cual, OCAC recuerda que “el embargo no impide la adquisición de equipos de salud y medicinas en Estados Unidos”.

¿A dónde fueron a parar los 69.8 mil millones de dólares? ¿Cómo saberlo si GAESA no es auditada por el Estado cubano?, cuestiona el informe.

Las muertes acumuladas por la ausencia de fármacos para controlar enfermedades crónicas, así como de equipos e insumos para poder garantizar terapias e intervenciones quirúrgicas exitosas, son responsabilidad inescapable de quienes tomaron deliberadamente la decisión de abandonar el compromiso del Estado con el sistema de salud y apropiarse de los recursos que los médicos generan en el exterior.

Finalmente, el informe concluye que “La actual inseguridad sanitaria de la población es el resultado de decisiones deliberadas emanadas de la oligarquía cubana que controla GAESA y al gobierno de Miguel Díaz-Canel”.

Lo cual indica, “No puede ser justificada a partir de factores externos como las sanciones estadounidenses, o fortuitos como una pandemia”.

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