“Mientras que Díaz-Canel y los acólitos del régimen utilizan en sus vestimentas la bandera de Cuba sin que suceda nada, Aniette González es encarcelada y se le pide cuatro años de cárcel”

Cuatro años de cárcel pide la Fiscalía de Camagüey para la activista cubana Aniette González García, quien se encuentra detenida desde el mes de marzo después que publicara unas fotos posando con la bandera cubana, según informó desde esa provincia el diario digital La Hora de Cuba.

González conoció la petición fiscal por el delito de ultraje a los símbolos patrios, a través de su abogada, quien adelantó a los familiares de la activista que será juzgada en un tribunal a inicios de septiembre, explicó el medio independiente.

Aniette González de 44 años fue arrestada el día 23 de marzo tras publicar sus fotografías en redes sociales para sumarse a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística «Drapeau» con la etiqueta #LaBanderaEsDeTodos.

Esta campaña fue impulsada en 2019 por el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara (actualmente encarcelado y condenado por el mismo delito de ultraje a los símbolos patrios).

La activista estuvo primeramente detenida por la Seguridad del Estado en Camagüey y posteriormente ha permanecido recluida bajo régimen “severo”, en espera de juicio, en la cárcel Kilo 5, ubicada en el reparto Albaiza de esa misma ciudad.

“La impotencia es extrema, sin tener delito existente y habiendo sido violados sus derechos, ¿cuatro años?”, dijo a La Hora de Cuba su hija Aniette Ginestá, tras conocer la petición fiscal.

“No hay lugar para una condena de cuatro años a una mujer que simplemente hizo uso de sus derechos fundamentales de libertad de opinión, conciencia y expresión reconocidos en la propia Constitución de la República de Cuba”, señaló al medio independiente.

La Ley de símbolos establece que los símbolos patrios pueden usarse en prendas de vestir “al frente de las mismas, y no formar parte de pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o de baño”.

Por otra parte, dispone el uso de estos símbolos en publicidad siempre que «contribuyan a fomentar y desarrollar en las personas valores patrios y a formar una conciencia patriótica de respeto y veneración a ellos y a la tradición histórica de la nación”.

González, acusada por el presunto delito de «ultraje a los símbolos patrios», es una de las cinco presas que actualmente permanecen recluidas por razones políticas en la provincia de Camagüey; y la segunda persona en ser acusada y eventualmente juzgada por esta causa en el país en los últimos años.

Anteriormente, el régimen cubano condenó al artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una sanción de cinco años de privación de libertad en el centro penitenciario de alta seguridad y severidad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

En 2019, el artista realizó la obra »Drapeau o 24 horas del mes, la bandera como mi segunda piel», una protesta artística que revindicó la bandera como símbolo de todos los cubanos, y no como una propiedad única de la dictadura.

Mientras que el régimen castrista utiliza la bandera como prenda de vestir en disímiles actos políticos y artísticos organizados por el oficialismo, sin que los involucrados sufran ningún tipo de llamado de atención o acoso por parte de las autoridades.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el arresto de González y dijo que la mujer es «víctima incuestionable de una detención arbitraria que califica como acto ilegal y denunciable”.

La ONG con sede en Madrid, España, determinó que el caso de González demuestra “un enfrentamiento severo entre derechos humanos irrenunciables, como el de libertad de expresión, libre creación y pensamiento, y la respuesta coercitiva del Estado cubano”.

“Es igualmente preocupante la institucionalización de acciones discriminatorias por razones de odio político y el consiguiente trato desigual ante la Ley, puesto de manifiesto”, agregó el OCDH y recordó que, por actos similares, el propio Miguel Díaz-Canel, dirigentes políticos y diversos artistas “no han sido objeto de acoso institucional ni de denuncia policial de oficio”.

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