“Prisoners Defenders denunció, que, así como los presos son torturados, las familias también lo son, ya que el régimen asigna agentes de la Seguridad del Estado que les vigilan y amenazan, muchas veces apostados en sus puertas, y siempre controlando sus comunicaciones por teléfono, así como sus redes sociales”

De acuerdo con el nuevo informe publicado por la ONG, Prisoners Defenders, en el mes de marzo ingresaron a las cárceles castristas 8 nuevos presos políticos y la misma cantidad fueron puestos en libertad tras el “cumplimiento íntegro de la sanción impuesta”, explicó la ONG.

De esta forma la lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en marzo en 1.066, explicó Prisoners Defenders en su informe mensual.

“Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por sedición. En total, son 204 los acusados por sedición, y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J”, explicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders en una entrevista al medio informativo Radio Televisión Martí.

Según la información en el mes de marzo, cuatro nuevas mujeres ingresaron en la lista, y ya suman 120 las encarceladas. Aparte del dato de presos políticos, Prisoners Defenders también reconoce a miles de personas condenadas por “peligrosidad social predelictiva”.

“Si el régimen indica a las legaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su Código Penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta —ya supuestamente inexistente— sanción?”, preguntó Larrondo.

“La razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias a los artículos 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal”, expresó.

Un estudio hecho por Prisoners Defenders de 101 casos aleatorios arrojo que en su totalidad estos presos políticos son torturados en las cárceles cubanas, el informe fue presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).

El informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y “asociación” acusándolos de sedición, entre otras barbaridades, señalo el informe.

De igual forma, denuncia Prisoners Defenders, que, así como los presos son torturados, las familias también lo son, ya que el régimen asigna agentes de la Seguridad del Estado que les vigilan y amenazan, muchas veces apostados en sus puertas, y siempre controlando sus comunicaciones por teléfono, así como sus redes sociales.

De igual forma, los familiares son citados constantemente en cuanto realizan cualquier denuncia. Algunas madres incluso son detenidas y llevadas a prisión también.

Así como, el acceso al mercado laboral estatal ha sido vetado para aquellos que defienden con fuerza la inocencia de sus seres queridos, y la Universidad se convierte en un imposible para los menores de muchas de estas familias.

Por otra parte, informa, además que las presas que denuncian sus torturas, las amenazan con arrebatarles la patria potestad de los hijos, gracias a las enormes facilidades represivas que ofrece el nuevo Código de Familia para tal fin.

Como ejemplo pone el caso más reciente es el de Lizandra Góngora Espinosa, que tiene 5 hijos y está amenazada con perder la patria potestad de todos sus hijos para que se someta y deje de denunciar las torturas en prisión.

Por otra parte, Prisoners Defenders dijo haber enviado diez informes sobre el tema al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Cuba será evaluada en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, cuyas sesiones están previstas para el mes de noviembre.

Entre los informes se ha incluido la denuncia hecha pública el pasado 2 de marzo, junto a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, donde se demuestra “con rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba”.

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