“El OCC refleja que la población cubana se enfrenta a dificultades económicas cada vez mayores, lo que ha generado frustración y desesperanza en el futuro económico del país, expuesta en otro estallido social que se multiplicó de forma automática”

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) presentó su informe del mes de marzo, donde se contabilizaron 654 protestas y denuncias, reflejándose el estallido social de manifestaciones del 17 de marzo que tuvieron lugar en diferentes localidades.

El paquetazo económico implementado por el gobierno cubano este mes, generó un profundo descontento, ante medidas descalabradas que no han hecho otra cosa que aumentar la inestabilidad y el rechazo entre la población, indica el informe del OCC.

Así como también revela que el aumento de precios, la dolarización parcial y la devaluación del peso cubano han tenido un impacto directo en la vida diaria de los cubanos, afectando su poder adquisitivo y deteriorando su calidad de vida.

Registro de protestas que han tenido lugar en Cuba desde el comienzo del 2024, por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC)

el informe del OCC refleja que la población cubana se enfrenta a dificultades económicas cada vez mayores, lo que ha generado frustración y desesperanza en el futuro económico del país, expuesta en otro estallido social que se multiplicó de forma automática.

Así mismo, denuncia que se vio la habitual respuesta “violenta del estado”, que ha sido documentada ante organismos internacionales, como en la denuncia de este mes, realizada por la activista Rosa María Payá, para exigir la expulsión del régimen castrista del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un poderoso discurso en Ginebra.

La activista Rosa María Payá denunció las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y encarcelamiento de opositores. También mencionó la crisis económica y la falta de oportunidades para los cubanos. Su discurso fue un llamado a la comunidad internacional para apoyar al pueblo cubano y tomar medidas contra el régimen.

De acuerdo con el informe del OCC, se registraron en marzo 159 denuncias relacionadas con actos represivos, seguidas por 130 protestas, para un total de 289 vinculadas a los derechos políticos y civiles.

Por otra parte, el OCC contabilizó, 69 protestas por los servicios públicos deficientes, como los «constantes apagones, la carencia de medicinas y la paupérrima atención de salud pública», así como la escasez de agua potable y la insalubridad en zonas urbanas.

De igual forma un total de 365 manifestaciones de descontento tuvieron su origen en la violación de los derechos económicos y civiles, con la agudización de la crisis alimentaria, el aumento de la violencia social, el impacto de la inflación, la crisis en la salud pública, la situación de la vivienda, las amenazas policiales y la represión por parte de las autoridades, entre otros aspectos.

El OCC recalcó un aumento de la inseguridad ciudadana, con la proliferación de robos, violencia callejera, bandas delictivas y feminicidios. La organización criticó la «falta de una respuesta efectiva» por parte de las autoridades a este fenómeno.

«Los ciudadanos han expresado su frustración por la falta de patrullaje policial visible y la percepción de impunidad de los delincuentes. Esta situación plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y garantizar una respuesta rápida y eficiente ante los delitos», señala el informe.

El OCC registra como protestas las manifestaciones presenciales como sentadas, cacerolazos y marchas; grafitis; declaraciones a medios independientes; comentarios dejados en medios oficiales; posts, fotos, videos, memes y transmisiones directas en las redes sociales, y otros formatos como dibujos y composiciones musicales o poéticas.

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