“El régimen cubano justifica una nueva ley de Comunicación Social, donde solo los medios oficialistas tendrán la facultad de difundir cualquier tipo de información, criminalizando a los medios independientes”

Es impresionante, ver al régimen de Cuba hablar de censura al dúo Buena Fe, mientras se aprueba la nueva ley de Comunicación Social, donde se pretende desconocer a los medios independientes y criminalizar las publicaciones de los cubanos a través de las redes sociales.

La ley que ha sido aprobada por unanimidad en una asamblea donde no existe oposición, lo cual de por sí es una violación a los derechos humanos, ha sido celebrada a tambor batiente por los medios oficialistas, quienes son los únicos autorizados en este momento a difundir cualquier tipo de información.

La nueva Ley de Comunicación Social de Cuba pretende mantener el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y por si fuera poco desconoce a la prensa independiente como figura jurídica, una clara violación de los derechos fundamentales de los seres humanos.

De igual forma, esta legislación prohíbe divulgar informaciones que puedan «desestabilizar el Estado socialista» tanto en los medios como en el ciberespacio, para lo cual solo otorga legalidad a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista.

En su intervención, el presidente designado Miguel Díaz-Canel ha dicho que la ley es un «primer paso» para regular «el sistema comunicacional» del país y reconoció el enfoque «regulatorio» de la norma.

“La Ley, como aquí se ha expresado, representa un primer paso en el proceso de regulación y organización del sistema de comunicación social en Cuba, y así debe ser entendida aun cuando sea fruto de un largo proceso de debate y de revisión”, dijo el dictador cubano.

Esta normativa ha sido criticada por periodistas independientes y activistas de la sociedad civil porque consideran que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial.

Sin embargo, el medio oficialista Cubadebate dijo que para expertos consultados por la Asamblea también se trata de una ley de «seguridad nacional» y que el 80 por ciento de las comunidades digitales están en plataformas estadounidenses, en referencia a Facebook y Twitter.

Mientras que el dictador Díaz-Canel se refirió a la nueva ley como un «enfoque preventivo ante la subversión», dejando abierto a todo lo que pueda ser considerado como subversión.

Por su parte, activistas y miembros de la sociedad civil independiente han denunciado que los cortes selectivos del servicio de Internet, así como la “suspensión de datos móviles” son una práctica habitual por parte del Estado para silenciar información y opiniones divergentes.

De igual forma, numerosos ciudadanos cubanos han sido condenados a prisión por sus publicaciones en redes sociales.

La organización independiente Observatorio Legislativo de Cuba, calificó que la ley atenta contra el ejercicio democrático del derecho a la comunicación y las libertades de expresión, acceso y divulgación de información de interés público.

Anteriormente en el mes de febrero de 2023, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en la isla durante el 2022.

según dejo plasmado la organización independiente en el informe “Balance Parcial 2022, Hechos violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba”, la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla y es el Estado comunista el principal agresor contra la libertad de prensa.

Por su parte, organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House y la Sociedad Interamericana de Prensa, han denunciado al régimen de Cuba como uno de los mayores violadores de la libertad de expresión y prensa.

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