“Justicia 11J hace un llamado de atención ante la opinión pública internacional sobre los casos que resaltamos en este boletín”

La organización no gubernamental Justicia 11J denuncio a través de un informe el aumento de las hostilidades del régimen comunista contra activistas, opositores y sobre todo contras las presas políticas en el mes de marzo y lo que va del mes de abril.

“La hostilidad contra activistas y opositores cubanos ha sido intensa durante marzo y lo que va de abril, periodo en el que no solo se reportan múltiples detenciones de corta duración, sino también privaciones de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos a siete opositores al régimen”, alertó Justicia 11J.

Sobre todo, la ONG mostro su gran preocupación por “varios eventos en los que la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones han arremetido contra las mujeres”.

En el informe Justicia 11J, menciona los hechos del mes pasado donde “diez manifestantes del 11J redactaron en la prisión Mujeres de Occidente una carta, firmada con sus huellas dactilares en sangre, en la que pedían al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que acatara la petición del Sumo Pontífice de conceder la libertad a los manifestantes de julio”.

Esta acción trajo represalias por parte de las autoridades en la prisión, donde “se les prohibió temporalmente el uso del papel y la redacción de cartas a todas las mujeres de la prisión”, señaló la organización.

El castigo fue utilizado, según explicó Justicia 11J, por las autoridades para generar entra las reclusas uns confrontación debido a que se culpó del castigo donde pagaron todas las mujeres en el penal, a las firmantes como “responsables” del castigo generalizado.

Por otra parte, Lizandra Góngora, integrante del grupo, madre de cinco hijos, fue enviada semanas después a la cárcel de mujeres de Isla de la Juventud, separada por mar, y a más de 160 kilómetros de su familia, dijo Justicia 11J en su informe.

La organización mostró la similitud del castigo, con el ya sufrido por la Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Aymara Nieto, quien, por dos años, hasta noviembre de 2022, estuvo en una prisión de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su familia, en La Habana.

“Se trata de un método del que fueron víctimas muchas de los presos de la Primavera Negra. Y también, recientemente, ha sido aplicado, entre otros, a George Ramírez Rodríguez, Daniel Moreno y Maikel Puig Bergolla”, alertó Justicia 11J.

De igual forma, destacó el nuevo juicio celebrado a la manifestante Brenda Díaz, condenada por participar en las protestas de julio en Güira de Melena, el pasado viernes 14 de abril, en relación con un reciente incidente violento, del que Brenda resultara víctima.

Que, según el testimonio de su madre, a finales de febrero Brenda fue golpeada en la prisión, y trasladada a celda de castigo por 15 días, tras defender a uno de sus compañeros que “había sido ofendido por su orientación sexual”.

El informe indica, además, que se suman tres nuevas presas políticas a la lista existente de al menos 71 mujeres de igual condición.

Las nuevas detenidas fueron, las camagüeyanas Aniette González García e Ienelis Delgado Cué (conocida en redes como Mambisa Agramontina), y la joven madre matancera Leidyana Cazañas Amador.

“A las dos primeras mencionadas; se les acusa de Ultraje a los símbolos de la Patria y de Desacato a la autoridad, respectivamente. Mientras que Leydiana espera su medida cautelar en el Técnico de la Seguridad del Estado, acusada de provocar la supuesta quema de árboles frutales de la zona”, explicó Justicia 11J.

La organización recalcó que las mujeres podrían ser procesadas penalmente en juicios sin garantías del debido proceso, de igual forma que “otras 87 presas políticas tras las masivas protestas del 11J, cuyas condenas se extienden hasta los 15 y 14 años de privación de libertad, en los casos de Mariuska Díaz Calvo (15), y Brenda Díaz y Lizandra Góngora (14)”

La organización hace mención de la autoinculpación forzada orquestada por la Seguridad del Estado, el régimen castigó a Sulmira Martínez Pérez (Salem, en redes sociales).

En el programa publicado en medios oficialistas acusaron a la joven de generar “contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales”.

Salem fue detenido el pasado 10 de enero, y luego de meses de tortura psicológica en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, la traslado el pasado 17 de marzo a la prisión de mujeres de El Guatao. Su delito: publicar en Facebook su intención de manifestarse públicamente.

Por otra parte, Justicia 11J denuncia en su informe los eventos de “hostigamiento y represión” documentados por este grupo de trabajo entre el 1 de marzo y el 16 de abril”, el interrogatorio realizado a una niña de siete años, hija de la opositora camagüeyana Marisol Peña Cobas.

“La menor fue entrevistada en la mañana del jueves 13 por funcionarios de la Oficina de Atención a Menores de su provincia, como parte de un proceso que busca separar a madre e hija, una vez que Marisol ha manifestado públicamente su oposición a que su hija sea adoctrinada en la escuela a la que asiste”, explicó la ONG.

“Este interrogatorio, que tuvo lugar en una prisión de menores en la localidad, y al que llegaron en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sucedió en ausencia de la tutora de la menor”, denunció en su informe Justicia 11J.

“Justicia 11J hace un llamado de atención ante la opinión pública internacional sobre los casos que resaltamos en este boletín”, alertó la ONG a la comunidad internacional.

Solicitando apoyo para hacer visible estas historias y circunstancias, así como en el reclamo al Estado cubano en relación con el cumplimiento de protocolos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que garantizarán la seguridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares.

Finalmente, la ONG pidió apoyo con urgencia que organizaciones de derechos humanos y de asistencia humanitaria miren las prisiones en Cuba.

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