Anna Bensi y su madre llegan a juicio bajo el respaldo de la Convención Bautista y convocatoria de movimiento libertario Nuevo Amanecer Cuba

Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente Laffita, enfrentarán este jueves 1 de octubre un proceso judicial en La Habana que ha provocado pronunciamientos de organizaciones religiosas y de derechos humanos.

En vísperas de la vista, la Junta Directiva de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental hizo pública una declaración de solidaridad en la que exige respeto al debido proceso, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la dignidad de ambas mujeres.

La organización religiosa, a la que pertenecen madre e hija, fue contundente al expresar su respaldo: afirmó que “no podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas” y convocó a sus congregaciones a orar e interceder por ellas durante el proceso judicial.

El pronunciamiento convierte un caso que comenzó con la grabación de una citación policial en un nuevo episodio del debate sobre los límites de la libertad de expresión y la actuación de las autoridades cubanas frente a ciudadanos que documentan y denuncian públicamente situaciones que consideran abusivas.

De una citación policial a un proceso penal

El origen del caso se remonta al 10 de marzo de 2026. Ese día, un suboficial del Ministerio del Interior acudió vestido de civil al domicilio de Anna Bensi y Caridad Silvente para entregar una citación dirigida a la madre.

Las dos mujeres grabaron el momento y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.

Según han explicado, la decisión de registrar la visita tuvo como objetivo dejar constancia de la actuación del funcionario y contar con una medida de protección ante lo que consideraban una situación de vulnerabilidad.

Posteriormente fueron procesadas por el supuesto delito de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”, contemplado en el artículo 393 del Código Penal cubano. Ambas quedaron sujetas a reclusión domiciliaria y a la prohibición de salir del país.

El expediente fue archivado inicialmente en abril, pero el proceso volvió a activarse después de que el funcionario involucrado presentara una querella ante el tribunal en julio.

¿Qué se discute realmente en este juicio?

El caso tiene una particularidad: no se trata simplemente de una disputa sobre la publicación de una imagen.

Para Anna Bensi, la grabación forma parte de una conducta de denuncia pública frente a las actuaciones de las autoridades. En declaraciones a CubaNet, la joven ha sostenido que volvería a realizar la grabación si se encontrara nuevamente en una situación similar y que considera que documentar estos hechos constituye una forma de protección.

El querellante, por su parte, sostiene que la difusión de su identidad le provocó afectaciones y ha solicitado que madre e hija publiquen una disculpa y retractación. Según lo reportado, el abogado del querellante ha solicitado además dos años de limitación de libertad para cada una.

Por tanto, corresponderá al tribunal determinar la responsabilidad jurídica de las acusadas conforme al proceso establecido.

Pero existe una pregunta de fondo que trasciende el expediente: ¿hasta dónde puede llegar un ciudadano para documentar una actuación oficial sin exponerse a consecuencias penales?

La Convención Bautista: “la verdad y la transparencia no deben ser criminalizadas”

La declaración de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental adquiere especial importancia porque no procede únicamente de individuos, sino de la dirección de una organización religiosa.

En su pronunciamiento, la Junta Directiva afirma que ambas mujeres son honestas y poseen un testimonio cristiano, y sostiene que “el ejercicio legítimo de la verdad y la transparencia no debe ser criminalizado”.

También reclama a las autoridades actuar con justicia, respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad religiosa y la libertad de expresión.

La organización también señala que su intervención no constituye una misión política institucional. Su argumento, según el comunicado, parte de una obligación religiosa de acompañar a sus miembros y a quienes considera que padecen “por causa de la justicia”.

Este matiz resulta relevante: la Convención Bautista no está presentando únicamente una posición política sobre el sistema cubano, sino defendiendo públicamente a dos integrantes de su comunidad ante un proceso judicial.

Una iglesia que decide no guardar silencio

La declaración bautista también amplía su preocupación a otros creyentes que, según la propia organización, han experimentado hostigamiento, citaciones o restricciones relacionadas con su fe o con denuncias públicas.

La Convención pide a sus congregaciones mantenerse en oración y acompañar a Anna y Caridad durante el proceso.

El mensaje tiene una dimensión particular dentro de Cuba, donde la actividad de las iglesias independientes y su relación con las autoridades ha sido objeto de atención recurrente por parte de organizaciones de derechos humanos.

En este caso, una organización religiosa está colocando en el centro del debate conceptos como dignidad humana, libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de expresión y debido proceso.

Anna Bensi sostiene que no piensa callarse

La joven creadora de contenido ha mantenido una postura pública de resistencia frente al proceso.

Según declaraciones recogidas por CubaNet, Bensi ha afirmado que, aun conociendo las consecuencias que podría enfrentar, volvería a publicar el video que originó la querella.

También ha interpretado el proceso como parte de una presión más amplia destinada a desalentar sus denuncias públicas sobre la realidad cubana. Estas últimas son afirmaciones de Bensi, no hechos establecidos judicialmente.

Precisamente por ello, el juicio será observado más allá de la acusación concreta. Para sus seguidores y para organizaciones que respaldan su posición, el proceso representa una prueba sobre la posibilidad de documentar y denunciar actuaciones oficiales.

Para la parte querellante, en cambio, la controversia gira alrededor de la protección de la intimidad, la imagen y los datos personales.

La decisión del tribunal deberá determinar cómo se aplica la legislación cubana a esas circunstancias concretas.

La dimensión de la censura y la intimidación

El caso también se inserta en un contexto más amplio de denuncias sobre restricciones a activistas, periodistas independientes, religiosos y ciudadanos que expresan públicamente críticas al Gobierno cubano.

Organizaciones de derechos humanos han documentado durante 2026 distintos episodios de citaciones, interrogatorios, restricciones de movimiento y procesos contra personas críticas con las autoridades.

ADN Cuba, por ejemplo, ha reportado varios episodios relacionados con Anna Bensi durante este año y ha situado su caso dentro de un panorama más amplio de denuncias sobre derechos humanos en la isla.

Eso no significa que cada proceso judicial contra un crítico del Gobierno sea automáticamente una persecución política. Cada expediente debe analizarse individualmente.

Sin embargo, cuando un ciudadano afirma que está siendo procesado después de publicar imágenes relacionadas con una actuación de funcionarios públicos, la cuestión de la libertad de expresión inevitablemente entra en el debate.

Nuevo Amanecer Cuba convoca a acompañar el caso

En paralelo al pronunciamiento de los bautistas, el Movimiento Libertario “Nuevo Amanecer Cuba” ha llamado a prestar atención al caso de Anna Bensi y su madre.

La convocatoria del movimiento coloca el proceso dentro de su discurso de defensa de las libertades individuales y de denuncia de lo que considera mecanismos de intimidación utilizados por el sistema cubano.

Para Nuevo Amanecer Cuba, el caso trasciende a Anna y Caridad: representa una oportunidad para llamar la atención sobre el derecho de los cubanos a expresar sus opiniones, documentar situaciones que consideren abusivas y denunciar públicamente problemas de la sociedad.

Esta posición corresponde al movimiento y forma parte de su actividad política; no debe confundirse con el pronunciamiento institucional de la Convención Bautista, cuya declaración se presenta como una expresión religiosa de solidaridad y defensa de sus miembros.

Un proceso que será observado dentro y fuera de Cuba

El juicio previsto para el 1 de octubre a las 10:00 de la mañana, en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, llega después de una suspensión de la vista que originalmente estaba prevista para septiembre.

La atención que ha generado el caso no procede únicamente de organizaciones políticas.

Una institución religiosa se ha pronunciado públicamente. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado determinados aspectos del proceso.

Medios independientes cubanos han seguido el expediente y la propia Anna Bensi ha utilizado sus redes sociales para explicar su versión.

La combinación de estos factores ha convertido el juicio en un caso de interés para quienes siguen la situación de las libertades civiles en Cuba.

La pregunta que queda sobre la mesa

Más allá de la sentencia que pueda producirse, el caso plantea una discusión que va mucho más allá de dos mujeres y un video.

En una sociedad donde los ciudadanos tienen acceso a teléfonos móviles y redes sociales, grabar una actuación oficial puede convertirse en una forma de documentar lo ocurrido. Al mismo tiempo, las autoridades y los funcionarios también tienen derechos relacionados con su imagen, privacidad y protección de sus datos.

El desafío jurídico consiste precisamente en establecer dónde se encuentra la frontera entre esos derechos.

Para la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, esa frontera no puede utilizarse para criminalizar lo que considera un ejercicio legítimo de la verdad y la transparencia.

Para Anna Bensi, el caso forma parte de su decisión de continuar hablando sobre la realidad de Cuba.

Y para el Movimiento Libertario Nuevo Amanecer Cuba, el proceso representa otro escenario desde el cual reclamar mayores garantías para las libertades individuales.

Un juicio que puede convertirse en símbolo

Anna Bensi y Caridad Silvente llegan a esta cita judicial acompañadas por el respaldo de su comunidad religiosa y por la atención de organizaciones y medios que siguen el caso.

La Convención Bautista ha dejado clara su posición: no quiere que sus miembros enfrenten solas el proceso.

Ahora corresponderá al tribunal determinar los hechos y aplicar la legislación vigente.

Pero independientemente del resultado judicial, el caso ya ha abierto una discusión mucho mayor: ¿puede la denuncia pública de la realidad cubana convertirse en delito cuando incomoda a quienes ejercen el poder?

Esa es la pregunta que, más allá de Anna Bensi y su madre, seguirá resonando dentro y fuera de Cuba.

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