“El nuevo proyecto de ley busca prohibir el uso y validación de marcas que fueron confiscadas por el régimen comunista de cuba desde el año 1959

Según dio a conocer el medio noticioso Martí Noticias, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó el lunes pasado un proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos la cual prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas por el régimen de Cuba desde 1959.

El nuevo proyecto de Ley, daría protección a los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.

Por su parte, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart comentó que la iniciativa había tenido «un fuerte apoyo bipartidista para proteger los derechos de propiedad de aquellos cuya propiedad intelectual fue confiscada por el régimen de Castro».

El proyecto de ley fue presentado por el legislador republicano Darrell Issa, de California, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, de la Florida, la iniciativa obtuvo respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart, y Carlos Giménez.

El congresista Darrel Issa expresó que el régimen cubano «tuvo el descaro» de vender a Estados Unidos y al mundo productos que en realidad ya habían robado, como es el caso del ron Havana Club.

Según explica el medio, en los años 90, el Ron Havana Club fue vendido a Bacardí, quien ha peleado en tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard.

Imagen publicada por el medio de noticias Martí Noticias, que muestra la campaña de Bacardí para promocionar el ron Havana Club destilado en Puerto Rico.

«Todos estamos de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos no debería premiar a quienes roban y explotan marcas registradas o cualquier otra propiedad intelectual de sus legítimos propietarios para luego beneficiarse de las leyes estadounidenses”, señaló Issa.

“Permitir a Cuba propagar sus apropiaciones indebidas sería y es actualmente una farsa», agregó el legislador de California, sobre el proyecto de ley.

«Como partidario de esta legislación desde hace mucho tiempo, estamos un paso más cerca de proteger mejor los derechos de propiedad y evitar que la dictadura cubana se beneficie de la propiedad robada», expreso Díaz-Balart.

Este proyecto de ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar dichas marcas confiscadas si la marca pertenece a un negocio o activo confiscado.

En la actualidad, dicha prohibición está limitada a los tribunales estadounidenses y se aplica sólo si un nacional cubano hace valer la marca confiscada en Estados Unidos.

De acuerdo con el proyecto de ley, la prohibición no se aplicará si el propietario original de la marca, o un sucesor, ha dado su consentimiento expreso a la acción de ejecución.

Sin embargo, de acuerdo con la publicación emitida, la prohibición se aplicará sólo si la entidad que hace valer los derechos de marca conocía o debía haber sabido, al momento de adquirir los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.

“El régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada a sus ciudadanos”, aseguró el representante Giménez.

“Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba, estoy orgulloso de trabajar de manera bipartidista para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de Castro”, señaló el republicano por la Florida con respecto al proyecto de ley.

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