Prisoners Defenders indicó que los nuevos presos políticos se relacionan, “fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación”

La organización no gubernamental Prisoners Defenders denunció a través de su informe mensual que para el mes de febrero se sumaron a la lista 11 nuevos presos políticos en Cuba lo cual hace un total de 1066 prisioneros políticos.

Por otra parte, Prisoners Defenders indicó que los nuevos presos políticos se relacionan, “fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación”.

En el mismo período de tiempo fueron liberadas 22 personas, que, según la organización, la gran mayoría fue tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

En el mes de enero, la Prisoners Defenders, reportó la cifra de 37 nuevos presos políticos y en los últimos 12 meses, la ONG contabilizó 282 presos políticos en Cuba, denunciando torturas en todos los casos por parte del régimen comunista.

De los 1066 presos políticos actuales, Prisoners Defenders detalló varios aspectos significativos:

Siguen en la lista 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia (30 de ellos) o están siendo procesados penalmente (4 de ellos), señala el informe.

Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas, aclaró Prisoners Defenders.

Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”.

Esta situación fue denunciada por la ONG ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022.

Por otra parte, Prisoners Defenders, señaló que “17 de los menores mencionados están siendo procesados o han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política”.

De acuerdo con las cifras de Prisoners Defenders, de los 210 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.

Por otra parte, indica el informe que, al menos 116 mujeres (incluyendo varias de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual.

De igual forma recordó la organización sin fines de lucro que, el nuevo Código de Familias eliminó la patria potestad de los padres y madres y la sustituyó por la “responsabilidad parental”, la cual implica responsabilidad, pero no potestad inalienable, y así permite la suspensión de la «responsabilidad parental».

Esto conlleva a que actualmente las madres y padres en prisión y sus familias son amenazadas con arrebatarles a los hijos por el ejercicio de su libertad de expresión, con base en el nuevo Código de Familias.

Prisoners Defenders puso el ejemplo del caso de Lizandra Góngora Espinosa, con 5 hijos, donde ella y su marido están siendo extorsionados con la amenaza de quitarles la custodia y patria potestad de los hijos si continúan con su defensa de sus derechos humanos.

Según Javier Larrondo. director de Prisoners Defenders, los más de 400 procesos judiciales monitoreados por la organización «demuestran la total violación de los principios procesales más fundamentales«.

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