“Prisoners Defenders denuncia el recrudecimiento de la censura y el hostigamiento a opositores, activistas y periodistas independientes con la nueva ley de comunicación social”

La organización no gubernamental Prisoners Defenders, acaba de presentar su más reciente informe del mes de septiembre donde se da a conocer que entran al sistema 13 nuevos presos políticos, llegando a una cifra total de 1.113.

“El régimen de Cuba se ha propuesto destruir la sociedad civil independiente cubana”, denunció Prisoners Defenders a través de su informe mensual, puntualizando que desde el 11J el régimen ha mantenido el asedio contra todo aquel que intenta levantar su voz.

“Las detenciones en protestas pacíficas y el control digital del régimen cubano llevan a 13 nuevos prisioneros políticos este mes de septiembre. Por otra parte, 5 prisioneros políticos en Cuba han cumplido íntegramente este mes sus condenas”, resaltó Prisoners Defenders.

De los 13 nuevos presos políticos, indica el informe 4 son familiares de otros presos políticos, el motivo de sus encarcelamientos fue por manifestarse pacíficamente en La Habana, en Santiago de Cuba y en Camagüey.

Entre los familiares de presos políticos, la ONG Prisoners Defenders menciona a:

• Misleidys Rodríguez Máses la madre de Kendry Lastra Rodríguez,  joven encarcelado con 18 años por participar en una protesta el 27 de septiembre del 2022 en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
• Julio Cesar Duque de Estrada Ferreres el padre del joven prisionero político Dairon Duque de Estrada Aguilera, detenido con 22 años por realizar una protesta el 1 mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores, en Santiago de Cuba.
• Ana Ibis Tristá Padillaes la esposa del prisionero político Damián de Jesús Hechavarría Labrada , encarcelado por participar en una protesta pacífica en Las Tunas, el 21 de abril de 2021.
• Lester Fernández Elizástigui , de 21 años, es hermano menor del preso político Luis Robles Elizástigui . Lester fue detenido el pasado 20 de julio cuando estaba celebrando su fiesta de cumpleaños y un agente de la autoridad le ordenó que quitara la música.

Así mismo mencionó Prisoners Defenders que existen varios activistas encarcelados en Villa Clara por publicar en las redes sociales, violando de esta forma el derecho a la libre expresión de los cubanos.

Por otra parte, denuncia la ONG, que luego de 20 meses de encontrarse encarcelados el régimen ha entregado una petición fiscal de 7 años de cárcel a los prisioneros políticos cubanos Daniel Moreno de la Peña y Yosvani García Rusindo.

Por otra parte, denuncia que, hasta el momento, con la aplicación del Decreto Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, en vigor desde el 4 de julio de 2019, miles de ciudadanos han sido sometidos a interrogatorios, amenazas y decomisos de celulares y material de trabajo.

El artículo 68 i) del Decreto Ley 370, explica Prisoners Defenders, establece como sancionable, por contravenir la Ley, “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, en una grave vulneración de la libertad de expresión.

Prisoners Defenders ya denunció dicha situación en 2020 con 33 casos de la aplicación del Decreto Ley 370, entre los cuales se encontraba Maykel Castillo Pérez, co-autor y cantante de Patria y Vida, y ganador de dos Grammy Latinos.

Sin embargo, el régimen castrista ha agudizado aún más la censura con la Ley 162/2023 de Comunicación Social de Cuba, que entró en vigor el pasado 4 de octubre.

Esta ley ataca de forma frontal la libertad de expresión, libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

El marco normativo centraliza el control de los medios y otros espacios de comunicación, delegando la supervisión y regulación de los procesos comunicativos al Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), bajo un enfoque que busca “fortalecer la unidad del pueblo” y defender la “ideología socialista”. 

La ley también abarca el ciberespacio, aplicando restricciones a las publicaciones en plataformas digitales, lo que afecta la libertad de expresión en internet. Además, al enmarcar la “comunicación política” y el “bien público” como objetivos del control estatal, legitima la censura de cualquier crítica o contenido que se considere contrario a los intereses gubernamentales.

Recientemente un gran numero de periodistas y comunicadores independientes han sido citados y amenazados por la seguridad del Estados castrista con esta ley, con el objetivo de que cesen en sus labores como comunicadores sociales.

Informe completo aquí

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