“Amnistía Internacional se suma a la Organización de los Estados Americano, OEA, solicitando que el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, actúe ante la situación que se vive en Venezuela”

Ante la situación actual en Venezuela, tanto la Corte Penal Internacional (CPI) como otros organismos internacionales, han actuado con extrema tibieza, mientras en Venezuela se produce una ola de detenciones forzadas, desapariciones y violaciones a los derechos humanos.

El número de detenidos por razones políticas aumenta de forma radical y contrasta con las cifras que existían donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) en forma irregular dio por ganador al dictador Nicolás Maduro.

De acuerdo con defensores de derechos humanos, el país jamás había vivido un repunte de represión en tan corto tiempo.

En vista de esta alarmante situación, la organización Amnistía Internacional se suma a la solicitud hecha por la Organización de los Estados Americano, OEA, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, actúe ante la situación que se vive en Venezuela.

“Hoy emitimos una carta al Fiscal de la Corte Penal Internacional, @KarimKhanQC @IntlCrimCourt. Le pedimos acciones urgentes ante la gravedad de la situación: emitir una declaración preventiva respaldar a las y los defensores de DDHH acelerar urgentemente su investigación”, escribió Amnistía Internacional, en referencia a la CPI.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó, “Es hora de la justicia”, adelantando que pedirá a la CPI que determine responsabilidades y órdenes de captura contra Maduro y otros responsables oficiales por lo que consideró graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Mientras que Amnistía Internacional, llamó a al fiscal de la CPI, Karim Khan a actuar de inmediato ante la situación de Venezuela, “Exigimos a las autoridades liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos de forma inmediata e incondicional”.

De acuerdo con un reporte hecho por el dictador Nicolás Maduro esta semana, existen más de 2.200 personas arrestadas tras las manifestaciones de calle y expresiones públicas contra el resultado electoral oficial, entre denuncias de fraude por parte de la oposición, que han mostrado pruebas de su victoria.

De acuerdo con el dictador Maduro, el 80% de esos detenidos desde el 28 de julio son “terroristas” y “criminales” que promueven odio y violencia para desestabilizar al poder ejecutivo y al país, buscando un “golpe de estado”.

Mientras que varios gobiernos y organizaciones multilaterales, como Colombia, Brasil, México y las Naciones Unidas, han hecho un llamado al poder electoral venezolano a publicar el desglose de la votación del julio y someterlo a una auditoría independiente.

Por su parte, Nicolás Maduro recurrió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que dilucide el proceso y el dilema de esas actas.

“Nunca habíamos visto un pico represivo de tal intensidad como el que estamos viendo ahora, en un corto tiempo”, señaló esta semana en entrevista con Efecto Cocuyo el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Aumento de las violaciones a los DDHH en Venezuela

Mientras la CPI, la ONU y otros organismos internacionales han actuado con mucha tibieza ante lo que sucede en Venezuela, el tiempo es el peor enemigo del pueblo venezolano que se ha visto sumergido en una creciente represión

Varias organizaciones promotoras de los derechos humanos, como Foro Penal y Provea, sólo han podido confirmar alrededor de 1.200 de esas detenciones.

La organización Provea publicó en su cuenta de X, como agentes encapuchados intentaron allanar la casa de Koddy Campos en La Vega, Caracas y sumarlo a detenciones arbitrarias en Venezuela.

Dentro y fuera de Venezuela, voces críticas denuncian que muchos de los arrestos ocurren opaca e ilegalmente, sin el debido proceso, ni la presentación de órdenes de aprehensión y allanamiento.

Se han denunciado decenas de ataques contra la prensa y restricciones al espectro comunicacional en Venezuela, Amnistía Internacional informó sobre “denuncias creíbles” de incomunicación y negación de asistencia legal de los cientos de detenidos, “con alto riesgo de malos tratos y tortura.

Por su parte, Amnistía consideró «alarmante» el «silencio» del fiscal Khan de la CPI ante las denuncias de intensificación de la represión «de forma generalizada», demandando «una acción inmediata» de su parte.

De igual forma ha exigido una declaración «preventiva» de su oficina en el marco de su investigación de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en noviembre de 2021.

El subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió desde su cuenta en X, “Maduro y su equipo han arrestado a miles de venezolanos desde el 28 de julio por ejercer sus derechos fundamentales”.

“Esta represión no es un camino sostenible, ni tampoco una señal de fortaleza. Las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo está observando”, agregó.

Recientemente fue detenido Williams Dávila, ex gobernador del estado andino de Mérida, diputado electo a la Asamblea Nacional en 2015. Es uno de los dirigentes que se codeaban en actos públicos y conferencias de prensa con María Corina Machado, líder de la oposición, y el candidato Edmundo González Urrutia.

Mientras que el dictador Nicolás Maduro y su hombre de confianza, el líder del parlamento y su delegado para las negociaciones políticas, Jorge Rodríguez, han prometido encarcelar a Machado y González Urrutia.

Dávila fue interceptado la noche del jueves por presuntos agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil, justo después de participar en una vigilia por la liberación de los presos políticos, en Caracas, según reportes extraoficiales y de la prensa venezolana.

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