“El informe del OCC se refiere a que la mayoría de los condenados tras las protestas de agosto del 2022 en Nuevitas, Camagüey, fueron condenados por sedición, con lo que el régimen intentó dar escarmientos ante un inminente estallido social”

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), publicó su informe correspondiente al mes de abril donde fueron registradas unas 633 protestas y denuncias públicas espontaneas, esto sería un 3.22 % menos que las 654 compiladas en marzo.

De acuerdo con el OCC, la dictadura castrista amenazó por primera vez a los manifestantes con la pena de muerte, sin embargo, explica la organización que, las protestas llegan también por primera vez hasta la residencia del dictador Díaz-Canel.

El descenso en el número de manifestaciones podría estar relacionada, en parte, con una posible estrategia gubernamental para reducir los apagones eléctricos, los cuales habían provocado protestas masivas en ciudades como Santiago de Cuba, Bayamo y Matanzas en marzo, considera el OCC.

A pesar que las protestas y denuncias por actos represivos se mantuvieron entre las tres categorías más nutridas con 136, en el cuarto mes del año los desafíos al Estado policial se les fueron arriba con 147, si bien las primeras tuvieron en muchos casos un carácter ejemplarizante e intimidatorio.

La prueba está en que por primera vez los voceros del régimen mencionaron la posibilidad de aplicar la pena de muerte a manifestantes pacíficos acusados de sedición, figura delictiva que se usó ampliamente contra los participantes en las protestas del 11J, explicó el OCC.

De igual forma, el informe del OCC se refiere a que la mayoría de los condenados tras las protestas de agosto del 2022 en Nuevitas, Camagüey, fueron condenados por sedición, con lo que el régimen intentó dar escarmientos ante un inminente estallido social.

“Las sentencias publicadas fueron en su mayoría de 10 a 15 años de prisión, y la más alta se la adjudicaron a Mayelín Rodríguez Prado. Por transmitir las protestas a través de las redes sociales, Mayelín cargó con la acusación de sedición y además con la de “propaganda enemiga de carácter continuado”, señaló el OCC.

El OCC se refirió a la naturaleza de las protestas en abril, las cuales se relacionaron con Derechos Económicos y Sociales (DES) encabezaron la lista, con 352 manifestaciones, seguidas de cerca por las vinculadas a la inseguridad alimentaria y la inflación (112).

Por otra parte, entre las 281 protestas y denuncias relacionadas con Derechos Civiles y Políticos (DCP), los desafíos al Estado policial ocuparon el primer lugar, con 144 casos.

Mientras tanto, La Habana fue el territorio más activo en términos de protestas y denuncias, con un total de 225 registros, seguida por Santiago de Cuba (52), Camagüey (45), Matanzas (35), Guantánamo (31), Holguín (25) y Villa Clara (24).

Así mismo el informe resalta un aumento significativo en las protestas relacionadas con derechos económicos y sociales, que representaron el 55.60 % del total de manifestaciones registradas en abril. Entre los temas más destacados se encuentran la inseguridad alimentaria, la inflación y la violencia social.

Por otra parte, muestra una preocupación con respecto al incremento de casos de personas desaparecidas, incluyendo adolescentes, lo que refleja la creciente inquietud por la seguridad ciudadana y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

El informe del OCC resalta once reclamos compilados en el mes de abril tuvieron que ver con personas desaparecidas, entre ellas una adolescente de 13 años, Analía Leyanet Carmona Pérez, de Arroyo Naranjo (La Habana), y otra de 15, Lismay López González, de Guantánamo. Un padre de Antilla (Holguín), Franci Roja, pidió ayuda en las redes sociales para encontrar a su hijo.

Aunque algunas veces estas personas aparecen, los familiares de cubanos en paradero desconocido intentan angustiosamente ubicar con ayuda de las redes sociales a sus seres queridos, conscientes del peligro en las calles con el incremento de la criminalidad y la habitual indiferencia de la policía ante estos casos.

La categoría de Inseguridad Ciudadana registró 84 protestas o denuncias públicas en abril de 2024 después de haber liderado las categorías en enero con 144, sin embargo, explica el OCC que la caída no sería más que la resaca de la ola.

La creciente alarma entre la ciudadanía ante un fenómeno social inusitado en Cuba  ha convertido a la isla en un país en el que, como dice en Cubanet Jorge Luis González Suárez, hay que vivir detrás de las rejas: “Cada vez son más las personas que para evitar robos y resguardar sus bienes y sus vidas, ponen rejas en puertas y ventanas y cercas alrededor de sus casas.

Pese a que el Gobierno niega esta realidad, hay un temor generalizado entre la población ante el incremento de los robos y asaltos, muchas veces violentos, y dudas sobre la eficacia de la policía para detener a los malhechores y restituir lo sustraído.

Sin embargo, señala el OCC, que con el costo de una verja protectora de hierro para puertas en 40.000 pesos o más ─19 salarios mínimos─ muchas familias no cuentan con lo necesario para instalar rejas en puntos vulnerables de sus casas.

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