Hospital de Mayarí sin recursos, una versión oficial endeble y una población que contradice al sistema

El municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, vuelve a colocarse en el centro de la controversia nacional tras el intento de las autoridades sanitarias locales de desmentir la denuncia sobre la muerte de 14 personas en una sola jornada en el hospital municipal.

Lejos de disipar las dudas, el comunicado oficial ha generado mayor desconfianza, al apoyarse en argumentos limitados y omitir elementos clave que los propios residentes y trabajadores del sector salud consideran imposibles de ignorar.

La versión oficial: números reducidos y explicaciones previsibles

La Dirección General de Salud de Mayarí reconoció oficialmente cuatro fallecimientos ocurridos entre el 2 y el 3 de febrero.

Según el comunicado, tres de las muertes correspondieron a adultos mayores con patologías graves —dos con enfermedades oncológicas y uno con insuficiencia respiratoria aguda— que fallecieron en la ciudad de Holguín, aunque fueron trasladados posteriormente a Mayarí por razones de residencia.

A ello se sumó el fallecimiento de una niña de cuatro años diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Las autoridades expresaron condolencias públicas y aseguraron que los procedimientos funerarios se realizaron conforme a lo establecido.

Sin embargo, el comunicado evitó abordar el núcleo del problema: la capacidad real del hospital de Mayarí para diagnosticar con certeza las causas de muerte, en un contexto de carencias extremas de recursos médicos.

La denuncia que encendió la alarma

La controversia se originó tras una publicación del periodista independiente José Luis Tan Estrada, quien alertó sobre la muerte de 14 personas en una sola jornada en el hospital de Mayarí, señalando que los médicos no contaban con medios para determinar con precisión las causas de los fallecimientos.

Según la denuncia, varias de las muertes fueron consignadas como insuficiencia respiratoria aguda o muerte súbita cardíaca, diagnósticos que —según fuentes internas— no pueden ser verificados en un hospital que carece incluso de equipos básicos como electrocardiógrafos o pruebas elementales de laboratorio.

Uno de los testimonios citados resumió la gravedad de la situación con una pregunta tan irónica como inquietante:
¿Cómo certificar una muerte cardíaca en un hospital donde no se puede hacer un electrocardiograma?

Falta de recursos, abandono y mercado negro

La denuncia también expuso una realidad conocida por los habitantes de Mayarí: la escasez absoluta de insumos médicos obliga a las familias a recurrir al mercado negro para adquirir medicamentos esenciales.

En uno de los casos mencionados, un familiar pagó más de 23.000 pesos cubanos por antibióticos que el paciente no llegó a completar antes de fallecer.

Más allá de las cifras, el señalamiento más grave apunta a muertes asociadas al abandono, al frío y a la falta de atención médica efectiva, factores que no aparecen reflejados en ningún parte oficial.

La controversia ganó aún más peso cuando la doctora Maylén Peña reconoció públicamente que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para determinar con exactitud las causas del incremento de la mortalidad, una afirmación que contradice indirectamente la seguridad mostrada por el discurso institucional.

Esta admisión refuerza la percepción ciudadana de que el desmentido oficial no se sostiene sobre evidencias médicas sólidas, sino sobre la necesidad política de controlar el relato.

Mayarí como espejo del colapso nacional

Lo ocurrido en Mayarí no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una crisis estructural del sistema de salud cubano, marcada por la ineptitud administrativa, la falta de inversión, la corrupción y la negativa sistemática del régimen a reconocer el colapso de servicios básicos.

En un país donde denunciar puede traer consecuencias, la brecha entre la versión oficial y la experiencia cotidiana de la población no deja de ampliarse. El resultado es una pérdida progresiva de confianza en las instituciones, especialmente en un sector tan sensible como la salud pública.

El derecho a la verdad

Más allá de si fueron cuatro, catorce o más los fallecidos, el caso de Mayarí deja una certeza inquietante: cuando no existen medios para diagnosticar, toda explicación oficial queda en entredicho. La población no exige discursos ni comunicados apresurados; exige transparencia, recursos y, sobre todo, respeto por la verdad.

Mientras eso no ocurra, cada desmentido seguirá sonando más a defensa burocrática que a explicación creíble.

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