“Justicia11J pidió que se respeten los derechos de las personas reclusas y que se atiendan sus demandas, como parte de las acciones de prevención del suicidio en prisión a las que está obligado el Estado cubano”

La organización no gubernamental Justicia11J, publicó un informe donde alerta sobre las ideas suicidas de los presos políticos debido a las condiciones y los malos tratos en las cárceles de los presos políticos, tras la muerte del preso político Yosandri Mulet Almarales.

Almarales, explica el informe de Justicia11J fue sentenciado por las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (conocidas como “el 11J”), y falleció presuntamente por las heridas sufridas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de agosto de este año.

La organización alerta que la muerte de Almarales confirma la necesidad de atender las alertas que ha hecho la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A. C., desde los programas Justicia11J y Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos.

Almarales quien había sido condenado a 10 años bajo el cargo de “sedición” por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera (La Habana), había sido reportado en junio de 2022 en estado crítico, luego de que intentara suicidarse en la prisión Combinado del Este, explicó Justicia11J.

Sin embargo, este 22 de agosto de 2024 el joven de 37 años llevó a cabo su segundo intento durante un pase del centro penitenciario donde realizaba trabajo forzado.

De acuerdo con fuentes familiares, Yosandri Mulet se lanzó desde el puente de Calabazar, en la capital del país.

“Él iba con su papá, para el campamento correccional pues debía regresar ese viernes de su pase. El papá se entretuvo y él continuó caminando. Cuando fue a buscarlo, no lo encontró. (…) Luego, se enteró que se había tirado un muchacho del puente y era él”, dijo a Martí Noticias, Idalmis Salazar González, tía política de Mulet.

Según dijo esta fuente, el manifestante “no quería estar preso” y “estaba muy alterado, dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse” para el campamento de trabajo Toledo, en el municipio de Marianao. Según sus familiares, Yosandri Mulet padecía trastornos mentales, explica el informe de Justicia11J.

Por su parte, el activista Marcel Valdés dijo que la familia del preso político conoció el lunes 26 de agosto la noticia de su muerte, pero que no está claro cuántos días estuvo en el hospital Julio Trigo, donde fue llevado aparentemente con vida, pues autoridades militares tomaron el lugar.

“Había gran cantidad de agentes de la Seguridad del Estado”. En opinión del familiar, “estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para informar su muerte, pero ya él estaba muerto”, dijo Idalmis Salazar a Martí Noticias.

Yosandri Mulet es el segundo sentenciado por el 11J que muere. En noviembre de 2023 falleció Luis Barrios Díaz (37 años), tras complicaciones respiratorias agravadas por la decisión de las autoridades de no mantenerlo ingresado en un hospital de La Habana, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Otros casos de suicidios de presos políticos en Cuba

Según explica el informe de Justicia11J, Cuba está entre los países de América Latina y el Caribe con mayores tasas de suicidio.

El especialista en Psiquiatría del Hospital Universitario “General Calixto García”, Ramón Felipe Prado Rodríguez, dijo en un evento de la Organización Panamericana de la Salud en 2021 que Cuba registra 13 suicidios por cada 100 000 habitantes, y el 70 % de estos hechos son realizados por hombres.

Por lo que las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto.

Abel Lázaro Machado Conde (26 años) es un preso del 11J en riesgo y con varios intentos suicidas. Fue condenado a 9 años y ha estado sometido a múltiples abusos en prisión. A pesar de ser un paciente psiquiátrico no cuenta con la atención médica que necesita, explicó Justicia11J.

En mayo de 2023, tras uno de sus intentos de suicidio, las autoridades de la prisión de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, lo esposaron durante toda la noche de pies y manos en un pasillo, denunció su madre Beatriz Conde Mesa.

Nuevamente en marzo de este año, se denunció que el jefe de orden interior de la prisión de Melena del Sur golpeó a Abel Lázaro Machado mientras estaba esposado, y luego lo llevó a una celda de castigo. Como protesta, el joven preso político se cosió lo boca e intentaron quitarle el alambre con una pinza.

De igual forma, denuncia Justicia11J que Ismael Rodríguez González, sentenciado a 7 años por el 11J, no tiene acceso a su medicación en la cárcel. Según el centro de asesoría legal Cubalex, él tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, riesgo suicida y trastorno de la personalidad.

Desde el 1º de enero de 2024, el CDPC ha registrado tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).

En el mes de febrero del 2024 el activista Yasmany González Valdés, condenado a 4 años de prisión por letreros antigubernamentales en muros de La Habana, contó a su esposa que ha pensado en quitarse la vida, tras meses de abusos en cárceles cubanas y el limbo judicial que atravesaba por aquel entonces.

Ese mismo mes, se supo que las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado y Yanet Pérez Quevedo atentaron contra sus vidas en la prisión Kilo 5, también conocida como Granja 5, de la provincia de Camagüey.

Los hechos ocurrieron, según el OCDH, “en protesta por el mal trato” de las autoridades penitenciarias y “ambas necesitaron suturas de varios puntos en sus brazos”.

Otro ejemplo reciente es el de Fray Pascual Claro Valladares, condenado en abril de 2024 a 10 años en un proceso penal sin garantías, por las manifestaciones de Nuevitas, Camagüey (2022). Tras conocer su sentencia, intentó quitarse la vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio pasado, le otorgó medidas cautelares a Claro Valladares y denunció que “su intento de suicidio fue manejado con negligencia, sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.

Otro sentenciado por las protestas de Nuevitas, Daiver Leyva Vélez, condenado a 10 años por «sedición», ha intentado ahorcarse en dos ocasiones, agregó Justicia11J.

Entre los presos políticos que durante este año mencionaron  intenciones de autolesionarse o atentar contra sus vidas fueron Omar Ortega (Prisión de Morón, Ciego de Ávila) y Lizandra Góngora (Los Colonos, Isla de la Juventud).

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) exigen a los estados facilitar asistencia médica recurrente para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”.

Finalmente, Justicia11J pidió que se respeten los derechos de las personas reclusas y que se atiendan sus demandas, como parte de las acciones de prevención del suicidio en prisión a las que está obligado el Estado cubano.

Exigiendo además la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen.

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