Ciego de Ávila se queda sin fiscales en medio de un aumento de los delitos
“La falta de fiscales no es exclusivo de Ciego de Ávila, en todo el país cada vez son mas las personas que abandonan la profesión o que deciden no estudiar esta carrera en la Universidad”
Al parecer los fiscales en Ciego de Ávila no quieren seguir llevando la toga en medio de un aumento elevado de la criminalidad y en un país donde la justicia es la que dicta el PCC y no las leyes del país.
Según informó el medio local oficialista Invasor, entre los años 2022 y 2023, más de 28fiscales decidieron abandonar la toga, por diversas razones que no especifica el medio, esta cifra es mucho más alta que en un periodo de cinco años comprendido entre 2017 y 2022, cuando totalizaron 22.
Razón por la cual explica el medio, la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila cuenta hoy con un poco más de la mitad de los fiscales previstos en su plantilla.
Según dijo el vice fiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, “Resulta muy difícil, en las circunstancias actuales, completar la plantilla de 93 fiscales que demandan los 10 municipios del territorio, sin embargo, se impone, al menos, elevar la actual cifra de 52”.
Por otra parte, se pudo conocer que, debido al déficit de fiscales en Ciego de Ávila, algunos estudiantes de la Universidad Máximo Gómez Báez, desde tercer año, son contratados para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial.
Sin embargo, explicó el diario avileño, la alternativa de los estudiantes no es la solución definitiva, pues, suponiendo que un número de los educandos de pregrado que se vinculan a esta labor, una vez terminados sus estudios, permanezcan aquí, la cifra total de egresados de derecho no satisface la demanda, no solo de la Fiscalía, sino de todo el sector jurídico de la provincia.
“Hoy son más quienes dejan el sector que quienes egresan de las aulas” señaló el vice fiscal general, quien aseguró que hay que asumir medidas excepcionales y reconoció el desempeño de los graduados de Técnico Medio en Derecho, una alternativa a extenderse a todo el país.
Durante el pasado año, el 43 por ciento de los expedientes de asuntos penales presentados al Tribunal Provincial Popular tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de ampliar las investigaciones.
Según dijo al medio informativo, Martí Noticias, Edel González Jiménez, máster en Derecho Constitucional, quien ejerció como juez durante 17 años en Cuba, “Ciego de Ávila terminó el 2023 con el 45% de las plazas de fiscales vacantes, pero es válido plantear que todo el sistema de fiscalía enfrenta similar situación y el desbalance negativo entre ingreso de fiscales y bajas”.
“Determinadas provincias occidentales padecen porcentajes superiores, siendo un caos y un sobreesfuerzo humano cumplir entre pocos el cúmulo de las encomiendas que se le asignan con calidad, por ello tienen que reconocer deficiencias graves en el proceso penal y en el campo de las verificaciones fiscales”, agregó.
Hasta el momento, no existen registros públicos de la cifra de fiscales, jueces y abogados que entran y salen anualmente del sistema comunista cubano.
Pero de acuerdo con varios expertos consultados por el medio periodístico, Fiscalía y Tribunales no manejan casi ningún dato de este tipo porque los consideran importantes para la seguridad nacional.
Lo que sí está claro y reconocen las autoridades en medio de un alza de la criminalidad en Cuba es que la falta de profesionales provoca que las investigaciones no avancen al ritmo que se espera, lo cual afecta directamente la resolución de los casos de las personas víctimas de delitos.
“El vicefiscal sabe la respuesta mejor que nadie dentro y fuera de la institución. Su inactividad y cobardía en el tema le impiden verla con claridad. Tampoco le culpo del todo, sobre su cabeza guinda día a día la espada de Damocles partidista que le apunta”, dijo González Jiménez quien también es asesor legal del OCDH y del medio independiente Diario de Cuba.
“Él fue designado allí porque lo quiere y utiliza Miguel Díaz-Canel; por consiguiente, no puede con garantías, seguridad y libertad, averiguar por qué el éxodo de sus fiscales, servidores que en cualquier país del mundo califican como honorables», indicó el jurista.
Por otra parte, la abogada Giselle Morfi, quien es la jefa del equipo legal del grupo de asesoría Cubalex, «el déficit de fiscales pone al relieve problemas que inciden en las garantías constitucionales”. No obstante, aclara, en el caso cubano el análisis es distinto ya que estos no siempre cumplen con sus obligaciones.
“Las violaciones a las garantías se ven tanto cuando hay muchos fiscales como como cuando hay menos porque el foco lo ponen en delitos y procesos que son de interés y prioridad para la Seguridad del Estado y el Partido Comunista. Esto lo vemos, por ejemplo, en los casos de las personas que son sancionadas por sus opiniones políticas”, indicó.
Entre las posibles causas de estas deserciones, que no da a conocer el régimen castrista, pudieran estar los bajos salarios y falta de independencia profesional, así como la carencia de otros incentivos laborales y sistemas de protección y el híper control político y de inteligencia secreta abusiva de derechos y garantías sobre sus conductas y relaciones personales.
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