Una estrategia del régimen comunista que expone contradicciones profundas y desata indignación dentro y fuera de la isla

En un movimiento que ha generado polémica, el régimen cubano intenta apoyarse en la Constitución de 1940 para justificar las nacionalizaciones realizadas en los años sesenta.

La declaración, impulsada por el viceministro de Relaciones Exteriores, no solo busca sostener una narrativa legal, sino que ha reabierto un debate incómodo: ¿cómo puede el mismo sistema que eliminó ese marco constitucional utilizarlo ahora como argumento de legitimidad?

Contexto histórico: una Constitución que garantizaba derechos… y fue desmantelada

La Constitución de 1940 representaba uno de los textos más avanzados de su época en América Latina. Definía a Cuba como una república democrática, con separación de poderes, garantías individuales y límites claros al Estado.

Dentro de ese marco:

• se reconocía la propiedad privada,
• se permitían expropiaciones solo bajo condiciones estrictas,
• y se exigían compensaciones adecuadas y procedimientos legales.

Sin embargo, tras la llegada al poder en 1959, el nuevo sistema político no restauró ese orden, sino que lo reemplazó. Se disolvieron instituciones, se concentró el poder y se eliminaron los contrapesos que garantizaban los derechos ciudadanos.

En ese proceso, la Constitución de 1940 quedó sin efecto real mucho antes de ser sustituida oficialmente.

La contradicción central del régimen

El problema no es solo histórico, sino profundamente político. El régimen actual intenta legitimar decisiones pasadas usando un marco legal que:

• ya no existía en la práctica cuando se ejecutaron las nacionalizaciones,
• y que además incluía garantías que fueron eliminadas deliberadamente.

Es decir, se invoca la parte conveniente de la ley —la posibilidad de expropiar—, pero se omite lo esencial:

• la obligación de compensar,
• la existencia de tribunales independientes,
• y el respeto a los derechos fundamentales.

Esta selección parcial refuerza la percepción de un uso instrumental del derecho, adaptado según las necesidades del momento.

El problema internacional: compensaciones pendientes

Desde la perspectiva del derecho internacional, el punto crítico no es la nacionalización en sí, sino cómo se llevó a cabo.

Las normas internacionales establecen que toda expropiación debe cumplir tres condiciones:

• interés público,
• no discriminación,
• y compensación efectiva.

Aunque Cuba alcanzó acuerdos con varios países, el caso de Estados Unidos sigue siendo el más significativo, con reclamaciones que superan los miles de millones de dólares y que aún no han sido resueltas.

Esto debilita aún más la narrativa oficial, ya que evidencia que incluso el propio Estado cubano reconoció, en su momento, la necesidad de indemnizar.

Doble moral en el discurso oficial

El episodio revela una constante en la política del régimen: un discurso dual.

Por un lado:

• hacia el interior, se insiste en que “Cuba no debe nada”.

Por otro:

• en escenarios diplomáticos, se reconoce que existe un conflicto pendiente y se proponen soluciones negociadas.

Esta contradicción no pasa desapercibida. Refuerza la idea de que el argumento jurídico no responde a principios sólidos, sino a una estrategia coyuntural para ganar legitimidad internacional.

Reacciones en redes sociales: ironía, crítica y memoria histórica

Las redes sociales se han convertido en el principal termómetro de la reacción ciudadana. En plataformas como X (antes Twitter), miles de usuarios —dentro y fuera de Cuba— han respondido con una mezcla de indignación y sarcasmo.

Entre las reacciones más frecuentes destacan:

• críticas a la “amnesia selectiva” del régimen,
• recordatorios de cómo se eliminaron las libertades que esa Constitución protegía,
• y comparaciones entre la Cuba de 1940 y la realidad actual.

Muchos usuarios han señalado la contradicción con frases irónicas como:
“Ahora sí sirve la Constitución… pero solo la parte que les conviene”.

Otros han ido más allá, subrayando que si realmente se aplicara ese texto constitucional, implicaría:

• elecciones libres,
• pluralismo político,
• y límites reales al poder estatal.

Un momento crítico para la narrativa oficial

Este episodio ocurre en un contexto especialmente delicado para el régimen:

• presión internacional creciente,
• demandas legales en el extranjero,
• y una crisis económica interna profunda.

En ese escenario, recurrir a la Constitución de 1940 no solo resulta contradictorio, sino que evidencia una falta de argumentos sólidos para sostener su legitimidad actual.

Lejos de fortalecer su posición, la apelación a la Constitución de 1940 ha puesto al régimen frente a sus propias contradicciones.

Intentar sostener decisiones del pasado con un marco legal que fue eliminado por el propio sistema no solo debilita su discurso, sino que reaviva una pregunta clave:
¿qué ocurriría si se aplicaran hoy, de verdad, los principios de aquella Constitución?

Para muchos cubanos, la respuesta es clara. Y precisamente por eso, el debate está más vivo que nunca.

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