MiPyme en Cuba: la gran fachada económica del poder militar
Combustible “privado” de las MiPyme, control estatal intacto y negocios en manos de la cúpula comunista
La narrativa oficial intenta vender una apertura económica que, en la práctica, no existe. En Cuba, la MiPyme no representa libre empresa ni solución estructural a la crisis nacional.
Por el contrario, la mayoría de estas entidades están controladas directa o indirectamente por militares y altos funcionarios del Partido Comunista, operando a través de testaferros mientras el régimen conserva el rol de intermediario obligatorio y árbitro absoluto de toda actividad económica relevante en la isla.
La supuesta ruptura del monopolio: una ilusión bien administrada
Tras décadas de control total, el régimen anunció la “flexibilización” de la importación de combustible. Desde finales de febrero de 2026, unas pocas MiPymes comenzaron a abastecer sus flotas en gasolineras de CIMEX, tras importar diésel desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos.
Sin embargo, el monopolio no se rompió: cambió de forma. El Estado sigue decidiendo quién importa, cómo importa y dónde consume, con CUPET como paso obligado para la nacionalización y depósito del combustible.
La prometida normativa específica nunca llegó. En su lugar, apareció —por “error”— una resolución antigua sobre comercio electrónico. El ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga anunció autorizaciones selectivas, pero el control estatal permanece férreo.
Cómo funciona realmente el negocio (y para quién)
El ciclo operativo confirma la ficción de la autonomía:
- Compra del combustible en el exterior
- Transporte marítimo en isotanques
- Operación portuaria en Cuba
- Nacionalización vía CUPET
- Abastecimiento en estaciones estatales o depósitos autorizados
Las MiPymes no pueden importar libremente: deben hacerlo a través de importadoras estatales como QUIMIMPORT o MAPRINTER. La “empresa privada” existe solo en el papel; el Estado cobra, supervisa y decide.
Costos prohibitivos: un filtro diseñado para pocos
Los números hablan por sí solos y revelan a quién está dirigido el negocio:
- Isotanque (23,000–24,000 L): ~USD 20,000
- Diésel por isotanque: USD 25,000–30,000
- Flete EE. UU.–Cuba: ~USD 5,000
- Tasa CUPET: USD 0.12/L (~USD 2,880)
- Costo final por litro: más de USD 2.50
- Presupuesto mínimo estimado: USD 60,000
Con almacenamiento propio, el presupuesto real puede superar los USD 150,000. En un país donde el salario medio mensual no alcanza los 20 dólares, solo una élite con acceso privilegiado a capital puede operar. Exactamente la misma élite que gobierna.
Reacciones en redes: los cubanos no se creen el cuento
En redes sociales, el escepticismo es generalizado. Frases como “MiPyme de general”, “empresa privada con dueño en uniforme” o “capitalismo para ellos, socialismo para el pueblo” se repiten sin pausa.
Muchos cubanos denuncian que las MiPymes visibles son la cara legal de negocios militares, mientras el ciudadano común sigue atrapado entre apagones, escasez y salarios de miseria.
Otros señalan la paradoja: el combustible “privado” cuesta más de seis dólares el litro en el mercado informal, convirtiéndose en otra moneda de cambio, inaccesible para la mayoría.
Lo que esto NO soluciona
Conviene ser claros, sin propaganda ni maquillaje:
- No elimina los apagones: el déficit eléctrico ronda los 1,800 MW diarios.
- No abastece hospitales ni farmacias.
- No mejora transporte, escuelas ni servicios públicos.
- No reduce la pobreza estructural.
Durante años, el régimen se financió revendiendo combustible subsidiado de Venezuela y Rusia. Con la importación “privada”, ese margen se reduce, pero el Estado se asegura nuevas ganancias cobrando tasas, permisos y controles. El pueblo, como siempre, queda fuera del reparto.
El contexto político y el mensaje internacional
La flexibilización reciente desde Washington ha facilitado operaciones logísticas desde EE. UU. El secretario de Estado Marco Rubio reiteró la disposición a facilitar combustible con fines humanitarios a través del sector privado.
Mientras tanto, el primer ministro Manuel Marrero reconoció públicamente la utilidad de las MiPymes para sostener “centros vitales”, confirmando que el Estado depende de ellas, pero no las libera.
MiPyme como vitrina, no como solución
La MiPyme en Cuba no es sinónimo de libertad económica. Es una estructura controlada, diseñada para canalizar negocios hacia la cúpula militar y política, mantener el control estatal y proyectar al exterior una imagen de reforma que no llega a la calle.
Puede ser un avance para un pequeño grupo, pero no para el país. La crisis energética, sanitaria y social sigue intacta. Y los cubanos lo saben. Por eso, en redes, el veredicto es unánime: no es apertura, es reciclaje del poder.
Fuentes
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