Justicia 11J alerta de estado de salud de por lo menos 15 presos políticos en Cuba

“Justicia 11J alerta sobre el estado físico o emocional, o la salud física o mental de 15 presos políticos, además de 10 presos en huelga de hambre y sed”

La organización Justicia 11J, quienes se han dedicado a documentar la represión y los procesos judiciales contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio en Cuba, ha publicado un informe sobre las condiciones alarmantes de salud de al menos 15 presos políticos.

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Adicional a esto, Justicia 11J dio a conocer otro listado de prisioneros políticos que han iniciado huelgas de hambre en protesta por sus sanciones.

El informe fue publicado este martes a través de su página en Facebook, en el Justicia 11J alerta que entre los meses de agosto y septiembre ha visto con preocupación «el agravamiento de la situación de vulnerabilidad» de varios presos políticos detenidos durante las protestas, además de otros presos políticos.

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Sobre el estado físico o emocional, o la salud física o mental, explicó Justicia 11J, hemos visto alertas en relación con 15 personas:

  1. Amalio Álvarez (44 años, sentenciado a 15 años de privación de libertad) – Amalio es alcohólico y presenta síntomas de abstinencia. Ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión; en una de ellas se ocasionó una herida que requirió más de 14 puntos.
  2. Andy García Lorenzo (23 años, sentenciado a 4 años de trabajo correccional con internamiento) – intoxicación alimentaria. La reacción incluyó vómitos, manos temblorosas y engarrotadas y falta de aire.
  3. Angélica Garrido (39 años, sentenciada a 3 años de privación de libertad) – producto de acumulación de estrés, sufrió un accidente cerebrovascular que paralizó la mitad del cuerpo.
  4. Dayron Martín Rodríguez (36 años, sentencia firme de 22 años de privación de libertad) – crisis depresiva, necesita ingreso en centro psiquiátrico de inmediato, según recomendaciones médicas. Dayron es un paciente de psiquiatría altamente depresivo, con intentos de suicidios, que ha sido recluido con anterioridad por períodos prolongados en sanatorio mental.
  5. José Daniel García Ferrer (51 años, sentencia revocada de 4 años de privación de libertad) – pérdida de peso y pronunciadas picadas.
  6. Jorge Luis Castillo Bolaños (29 años, sentenciado a 12 años de privación de libertad) – lleva días padeciendo de dolores lumbares.
  7. Lázaro Yuri Valle Roca (Preso político, 60 años, sentenciado a 5 años de privación de libertad) – empeora su reforzamiento pulmonar. Desde febrero se le diagnosticó y ha venido presentando síntomas nuevos. Además, tiene la piel manchada y lesionada y no se le permite tomar el sol para ir mejorando su estado de salud.
  8. Lizandra Góngora (35 años, sentencia firme de 35 años de privación de libertad) – lesiones cutáneas ocasionadas por el estrés, que ya le está afectando casi todo el cuerpo. Padece de liquen plano.
  9. María de Jesús Terrás Díaz “Cuquita” (37 años, sentenciada a 7 años de privación de libertad) – fuertes dolores de cabeza, asociados a un plástico que ha tenido incrustado en el cráneo desde inicios de junio, a raíz de una caída en la prisión. Dolores también asociados a cuadros migrañosos.
  10. Mario Josué Prieto Ricardo (27 años, sentencia firme de 12 años de privación de libertad) – ha adelgazado más de 20 kilos desde su detención. Ha sido diagnosticado con «trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida». No ha sido visto por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme el tratamiento que tenía antes de su detención.
  11. Reina Yacnara Barreto (21 años, sentenciada a 4 años de trabajo correccional con internamiento) – estado físico y mental deteriorado.
  12. Samuel Pupo Martínez (48 años, sentenciado a 3 años de privación de libertad) – crisis de esclerodermia. Esta enfermedad degenerativa implica endurecimiento y tirantez de la piel, también puede causar problemas en los vasos sanguíneos, los órganos internos y el tracto digestivo. Samuel necesita asistencia para realizar muchas de las actividades diarias y ha debido prescindir del aseo.
  13. Yanley López Basulto (21 años, sentencia firme de 8 años de privación de libertad) – crisis psiquiátrica y pérdida de peso (25 libras) y cabello. Según su madre, Yanley presenta “problemas psiquiátricos” desde pequeño. En el auto de sentencia de su recurso de casación aparece reflejado su “trastorno de personalidad múltiple”.
  14. Yasser Fernando Rodríguez (Preso político) – mastica con bastante dificultad debido a que le faltan dientes. Se le informó que se le haría una prótesis dental, pero no ha sucedido, bajo pretexto de que no hay petróleo para trasladarlo al centro donde le atenderían.
  15. Yosvany Rosell García Caso (33 años, sentencia firme de 15 años de privación de libertad) – gastritis crónica (con sangramientos) ocasionada por las seis huelgas de hambre que ha iniciado en prisión. Necesito una endoscopía que no se le ha realizado como represalia por actitud rebelde.

Por otra parte, dio a conocer Justicia 11J, que al menos unos 10 presos políticos habrían comenzado huelgas de hambre y sed, a los cuales enumeró:

  1. Angélica Garrido: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes. Recientemente Angélica sufrió una parálisis cerebrovascular.2. Carlos Ernesto Díaz (Ktivo Disidente, 40 años, aún sin petición fiscal) – inició la huelga el 3 de septiembre y la depuso el pasado fin de semana. Esta sería al menos la cuarta huelga de Kativo desde que fuese detenido el pasado 28 de abril.
  2. *Carlos Manuel Pupo (67 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad) – el pasado 1 de septiembre llevaba más de 10 días en huelga de hambre.4. *Frank Michel Monterrey Peláez (47 años, sentenciado a 10 años de privación de libertad) – inició huelga el 26 de agosto. El 2 de septiembre continuaba. Había anunciado que no la iba a parar.5. Lizandra Góngora: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes.

    6.*Maikiel Armando Peña Suárez (21 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad) – inició la huelga de hambre el 16 de septiembre, cuando llevaba 23 días solicitando atención médica.

    7. María Cristina Garrido: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes.

    8.** Pedro Albert (66 años, petición fiscal de 5 años de privación de libertad) – en huelga de hambre y sed desde el pasado 13 de septiembre. Al iniciar la huelga, su salud estaba muy deteriorada. Pedro padece de cáncer. El día 16 lo trasladaron desde la enfermería, donde se encontraba, hacia una celda de castigo.
    9. *Walfrido Rodríguez Piloto (52 años, sentenciado a 22 años de privación de libertad) – la huelga de hambre iniciada a finales de agosto es la segunda en lo que va de año, en reclamo por atención médica.

    10. *Yordi García Fournier (45 años, sentenciado a 3 años y dos meses de privación de libertad) – en huelga de hambre desde el sábado 3 de septiembre. El jueves 8 continuaba. Aseguró a sus familiares que no depondrá la huelga en tanto las autoridades no pongan fin al robo de su ayuda y de la pensión de su madre.

Justicia 11J recordó en su informe, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela), en especial, las relacionadas con los Servicios médicos (reglas de la 24 a la 35).

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En síntesis, explica Justicia 11J, estos párrafos señalan la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios médicos a los reclusos, que garanticen la protección y la mejora de la salud física y mental. Expresamente, la regla 30 señala:

“Un médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario”, agregó Justicia 11J.

Se procurará, en especial:

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  1. a) Reconocer las necesidades de atención de la salud y adoptar todas las medidas necesarias para el tratamiento;
  2. b) Detectar los malos tratos que los reclusos recién llegados puedan haber sufrido antes de su ingreso;
  3. c) Detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión y el síndrome de abstinencia resultante del uso de drogas, medicamentos o alcohol, y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda;
  4. d) Facilitar a los reclusos de quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un tratamiento apropiado durante el período de infección;
  5. e) Determinar la capacidad física de cada recluso para trabajar, hacer ejercicio y participar en otras actividades, según corresponda”.

Además, alertó sobre el alto número de personas con crisis recientes asociadas a padecimientos psiquiátricos, para lo cual hizo un recorderis sobre la regla 109 del citado documento, que establece:

“No deberán permanecer en prisión (…) las personas a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible.

En caso necesario, otros reclusos con discapacidades o enfermedades mentales podrán ser observados y tratados en centros especializados bajo la supervisión de profesionales de la salud competentes.

El servicio de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico a todos los demás reclusos que lo necesiten”.

Justicia 11J, señaló que a pesar de que el estado cubano no es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se exige que sean incorporadas las normas y los estándares regionales e internacionales de derechos humanos en relación con las garantías de integridad personal.

En su más reciente informe presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés), funcionarios públicos, en representación del Estado, aseguraron que “Cuba ha realizado grandes esfuerzos para garantizar condiciones de vida dignas en los establecimientos y centros penitenciarios”.

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“Las condiciones de reclusión en Cuba son mucho mejores que las de la mayoría de los países en desarrollo”, aseguraron.

Argumentaron que: “Entre 2011 y 2015 se utilizaron más de 82 millones de pesos para rehabilitar 217 áreas de internamiento, con 18.000 capacidades, lo que equivale al 56 % del total de las instalaciones penitenciarias”.

Según el informe, estos datos significarían que en Cuba hay actualmente 387 áreas de internamiento. Iniciativas como el Observatorio de Prisiones del OCDH han geolocalizado 297 de ellas.

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En nuestro informe anual, en co-autoría con Cubalex, señalamos que al menos dos centros de detención se reabrieron específicamente para acomodar el gran número de manifestantes detenidos durante y después de las protestas en torno al 11J: la Prisión de Jóvenes del Cotorro (La Habana) y la Prisión del Sida (Mayabeque).

Sin embargo, dice Justicia 11J que, testimonios de personas en detención, ex presos y familiares desmienten las óptimas condiciones de reclusión destacadas por el estado cubano.

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Únicamente entre los meses de agosto y septiembre documentamos más de medio centenar de denuncias sobre condiciones de las prisiones, así como de situaciones de violaciones de derechos en su interior, específicamente sobre:

– prohibición de llamadas y/o visitas familiares (penal de Quivicán, prisión de Holguín, Valle Grande);

– negación de asistencia médica oportuna (Combinado del Este, penal de El Guatao, Valle Grande, El Yabú);

– negación de recepción de medicamentos (prisión de Holguín, penal de El Guatao);

– mala alimentación (prisión de Holguín, Camaguey);

– sobrepoblación (Melena);

– traslados a celdas de castigo como represalia por huelga de hambre (Valle Grande);

– traslados a áreas con multireincidentes (Mujeres de Occidente);

– violencia de reos comunes contra presos políticos (prisión de Camaguey);

– deplorables condiciones (Camagüey, Kilo 7, Combinado del Este, campamento de Pitajones, prisión de Boniato);

– represión y maltratos y agresiones (prisión Manacas, prisión de Boniato, cárcel de máximo rigor en Guantánamo);

– brote de chinches, cucarachas y sarna (Combinado del Este, prisión de Cerámica en Camagüey).

Justicia 11J hace un llamado a las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria conozcan de primera mano la alarmante situación en relación con lo descrito.

El 14 de julio, a través de una carta abierta en nuestras redes sociales, explicó Justicia 11J, solicitamos a la Oficina Regional para Panamá y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) una reunión formal para transmitir directamente nuestras preocupaciones y demandas al respecto.

Recordamos que es deber del CICR velar por la preservación de la dignidad y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad de los países y regiones en los que desarrolla misión, siendo Cuba uno de ellos, señala en informe.

Asimismo, resaltamos que no escuchar los legítimos reclamos de la sociedad civil, que cuenta con evidencia sobre la urgencia del inicio de protocolos para la entrada a las prisiones, sentaría un mal precedente sobre presuntas complicidades entre el Gobierno de Cuba y el CICR, concluye el informe de Justicia 11J.

Nota: Los casos marcados con * necesitan actualización sobre finalización (o no) de la huelga. Esta sistematización la realizamos con informaciones públicas vistas en medios independientes, redes sociales y con denuncias recibidas de manera directa de familiares. Si conoce de otros casos que no hayan sido incluídos, o puede ayudar a actualizar la información, escríbanos. Nuestros contactos son:
info@justicia11j.org
WhatsApp: +52 55 1236 2934
** ACTUALIZACIÓN: sobre las 9:20 pm (poco después de publicar esta nota, supimos que Pedro Albert fue trasladado a un hospital, no tenemos más detalles.

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Por Editorial

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