EEUU presenta informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba en 2021

“Hubo informes creíbles de que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y el número de presos políticos aumentó drásticamente”

El secretario de Estados de EEUU, dio a conocer este martes un informe sobre las prácticas de los derechos humanos en el cual se presentaron las diferentes violaciones que se han cometido en Cuba por el gobierno actual de Miguel Díaz-Canel.

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De acuerdo con el informe, Cuba es un estado autoritario. La constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal.

Señala además que la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente, quien sustituyó al expresidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista, no fueron elecciones libres, justas ni tampoco competitivas.

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Por otra parte, hizo énfasis en que, es el Ministerio del Interior quien controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario.

La Policía Nacional Revolucionaria del ministerio es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley. Las unidades especializadas de la rama de seguridad del estado del ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente.

De igual forma señala que, “hubo informes creíbles de que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y el número de presos políticos aumentó drásticamente, muchos de ellos en prisión preventiva en condiciones extremadamente duras y degradantes”.

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Según dijo Blinken, entre los hallazgos más alarmantes en el reporte de este año se encuentra el aumento del encarcelamiento de ciudadanos críticos del gobierno.

“Hoy, más de un millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 65 países, entre ellos más de 600 personas encarceladas injustamente en Cuba por participar en protestas pacíficas en julio pasado”, señaló el Secretario de Estado de EEUU.

 

 

El informe señala, además, que, el 28 de enero, las fuerzas de seguridad arrestaron violentamente a más de 20 artistas y periodistas que protestaban pacíficamente frente al Ministerio de Cultura por la liberación de los artistas detenidos.

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Posterior a esto, el 11 de julio estallaron protestas pacíficas espontáneas en toda la isla.

Estas manifestaciones fueron las más grandes y generalizadas en décadas, decenas de miles de ciudadanos de todo el país salieron a las calles para exigir el fin de la represión y criticar la incapacidad del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas y su mala respuesta al COVID-19.

Mediante las redes sociales, señala el informe, se ayudó a difundir las noticias de las protestas entre los ciudadanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y detenciones.

El informe denuncia, además, como el Presidente Miguel Díaz-Canel salió hizo un llamado televisado a “todos los revolucionarios y comunistas a enfrentar estas protestas”.

El mismo se hizo, en referencia al artículo cuarto de la constitución de 2019, que otorga a los ciudadanos el derecho a “combatir por cualquier medio, incluido el combate armado” a cualquiera que “tenga la intención de derrocar el orden político, social y económico establecido por esta constitución”.

Por otra parte, el informe menciona los serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; represalias contra miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo.

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Además de, graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, así como la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican al gobierno y serias restricciones a la Internet.

Por otra parte, el informe señala, las severas restricciones al derecho de reunión pacífica y denegación de la libertad de asociación en Cuba, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes, severas restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de circulación interna y externa.

En otro punto hace énfasis en la imposibilidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, incluidas restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción gubernamental grave.

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También menciona la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; y la ilegalización de los sindicatos independientes.

Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. En octubre, las autoridades negaron el permiso para una protesta prevista para el 15 de noviembre y amenazaron a los organizadores.

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El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes; solicitó largas penas de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos; y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada.

Además, aclara que varios activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo.

El informe expone, además, a los funcionarios del gobierno, que, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos.

Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial.

Para leer el informe completo Click Aquí

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Por Editorial

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