Gobierno de Daniel Ortega acusado de delitos y violaciones sexuales

El gobierno de Daniel Ortega ha sido acusado por un Tribunal de Conciencia creado en Costa Rica de los «delitos de tortura, mediante el abuso sexual y la violación» de personas arrestadas tras participar en protestas en 2018.

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«Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano (…). Usted podía ver a través del vidrio lo que les estaban haciendo a los chavalos».

De esta forma relató una testigo nicaragüense que brindó testimonio ante un Tribunal de Conciencia que se instaló el pasado martes en Costa Rica, para conocer y documentar casos de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad.

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Crímenes cometidos por el gobierno sandinista de Daniel Ortega contra jóvenes detenidos entre abril y agosto de 2018, en el marco de las protestas sociales que estallaron en ese país.

La testigo, solo identificada como E013 por razones de seguridad, es una de los 18 ciudadanos (10 mujeres y ocho varones) que contaron sus historias a la instancia.

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El tribunal fue creado por la Fundación no gubernamental Arias para la Paz y el Progreso, una ONG formada por el expresidente costarricense y Nobel de la Paz Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010).

 

 


Por su parte el tribunal sesionó en un hotel de San José, aunque la mayoría de sus jurados y peritos asistió de manera virtual.

Por otra parte, las víctimas, que no revelaron sus verdaderos nombres por temor a represalias, siguieron la transmisión desde las redes. Sus dramáticos relatos se plasmaron en el informe proyectado en pantallas durante la primera sesión.

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Golpeada hasta abortar, uno de las torturas de los agentes del gobierno e Ortega.

Según narra una joven «Empezaron a golpearme con los puños y patadas. Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados”.

“Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma; yo sentía que quería morirme, ellos estuvieron como una hora mientras me abusaban», narró la joven que fue capturada por paramilitares en la vía pública.

Por otra parte, una tercera víctima recordó: «La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda».

El Tribunal estuvo integrado por reconocidos psicólogos, abogados y activistas de derechos humanos como la actriz y pacifista nicaragüense Bianca Jagger, cerró sesiones este viernes.

Por su parte recopiló y documentó los delitos de violencia sexual, en su mayoría cometidos dentro de las cárceles del país centroamericano entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018.

Todos los entrevistados dijeron haber sufrido golpes, torturas o violencia sexual de parte de las fuerzas del gobierno. Doce de ellos fueron vejados en la cárcel El Chipote, en Managua, que organismos humanitarios identifican como un centro de torturas.

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Dentro de los abusos mencionaron golpes a puñetazos, patadas, violaciones sexuales, penetraciones con objetos, quema de los genitales con ácido, fracturas de mandíbula y de nariz, quebraduras de dientes y torturas psicológicas por parte de policías.

Además, de privarlos del agua y los alimentos, y de obligarlos a presenciar torturas a otros reos.

 

 

No hay duda de que el Estado nicaragüense cometió el delito de tortura mediante el abuso sexual.

Al concluir sus sesiones tres días después, el tribunal emitió su sentencia: «No hay duda de que el Estado nicaragüense cometió el delito de tortura mediante el abuso sexual y la violación de mujeres y hombres bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país».

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Las torturas se cometieron de forma «sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad», destacó la resolución.

La misma incorpora también denuncias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la represión de 2018 en Nicaragua.

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De acuerdo con la Fundación Arias, tras anunciarse la instalación del tribunal, activistas ligados al gobierno de Ortega iniciaron una campaña de «ataques cibernéticos, amenazas e intimidación» a través de las redes sociales contra esa ONG.

Por su parte la agencia periodística Deutsche Welle solicitó una declaración oficial sobre el tema a la asistente de la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, pero no hubo ninguna respuesta.

 


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Por Editorial

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