Salida inmediata del embajador de Cuba tras reunión con viceministro; el gobierno peruano anuncia revisión del uso del asilo diplomático y pone en jaque la Convención de Caracas

Lima — El embajador de Cuba en Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, conocido en algunos círculos como “El Gallo”, dejó sus funciones y salió del país de forma inmediata tras una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores el pasado 28 de octubre.

El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano (MRE) se limitó a aludir a “actividades” de la misión sin detallar motivos concretos, pero el ambiente político y mediático en Lima ya habla de injerencia y vínculos con actividades de inteligencia.

Un diplomático en controversia: de acreditación a salida intempestiva

El embajador Zamora presentó sus cartas credenciales a fines de 2021 y desde entonces su presencia en Lima estuvo marcada por la controversia en sectores políticos y sociales.

Agrupaciones de marinos retirados, organizaciones civiles y medios locales habían expresado en meses previos su preocupación por supuestas “acciones desestabilizadoras” atribuidas al embajador, pidiendo su expulsión para “preservar la estabilidad” ante el proceso electoral de 2026.

Aunque el comunicado oficial no catalogó al embajador como espía ni detalló evidencias, las acusaciones públicas —que incluyen reuniones no registradas con dirigentes de la izquierda y supuestos vínculos con servicios de inteligencia cubanos— consolidaron una narrativa que aceleró su salida.

El expediente público mezcla señalamientos políticos, relatos de exagentes y testimonios que piden respuestas claras por parte del Ejecutivo peruano.

¿Por qué genera tanto rechazo? Las acusaciones y su contexto político

Las voces críticas han acusado al embajador de mantener relaciones estrechas con líderes de la izquierda extrema y de participar en encuentros fuera del registro formal de su misión.

Además, circuló la versión —no confirmada públicamente por las autoridades peruanas— de que la expulsión estaría vinculada a la supuesta protección en sede diplomática del prófugo político Vladimir Cerrón, lo que ampliaría la gravedad de las sospechas.

En paralelo, la salida del embajador cubano ocurre en un marco regional tenso: Perú revisa ahora la solicitud de salvoconducto que México presentó para la ex primera ministra Betssy Chávez, y la cancillería peruana ha planteado que el uso del asilo diplomático se ha “desvirtuado” cuando se aplica para proteger a personas acusadas por delitos comunes.

Este entrecruce de asuntos externos e internos convierte el episodio en algo más que un problema bilateral: es un debate sobre límites del asilo, soberanía y la salud de las democracias en la región.

Testimonios y antecedentes: la voz de exagentes y agrupaciones

Fuentes no gubernamentales han aportado narrativas que añaden combustible al caso.

Según declaraciones publicadas en medios, exagentes cubanos y conocidos del ambiente diplomático habrían señalado que Zamora y su esposa —identificados en esos relatos con rangos en la inteligencia cubana— habrían usado puestos diplomáticos como cobertura para actividades de inteligencia desde décadas atrás.

Estas afirmaciones, si bien potentes desde lo comunicacional, requieren verificación oficial para transformarse en prueba judicial o diplomática.

Mientras tanto, organizaciones como agrupaciones de marinos en retiro hicieron sonar la alarma meses atrás, denunciando lo que calificaron como injerencia política y solicitando medidas firmes.

Esa presión social y política contribuyó claramente a la rapidez con la que el Ejecutivo tomó la decisión pública de retirar al embajador castrista.

Reacción oficial y mensaje a la región: revisión de la Convención de Caracas

El gobierno peruano, además de expulsar al embajador cubano, ha anunciado su intención de llevar a la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas (1954), la norma que regula el asilo diplomático en América Latina.

Perú argumenta que el derecho de asilo ha sido utilizado indebidamente para proteger a personas involucradas en delitos comunes, lo que, según las autoridades, erosiona la finalidad original de esa figura.

Si esa iniciativa avanza, podría redefinirse el mapa del asilo en la región: menos permisividad para salvoconductos concedidos por embajadas y más controles sobre el uso diplomático del asilo.

Para México, Cuba y otros países con posiciones encontradas, el movimiento peruano encenderá alertas diplomáticas y discusiones jurídicas.

Implicaciones políticas internas: elecciones 2026 y narrativa de soberanía

Con las elecciones generales de 2026 en el horizonte, la expulsión del embajador cubano puede ser leída como una señal política calculada: mostrarse firme contra la injerencia extranjera es un mensaje potente en tiempos de polarización.

La decisión satisface la demanda de grupos que temen la interferencia extranjera en procesos electorales y al mismo tiempo alimenta la narrativa gubernamental de defensa de la soberanía.

No obstante, la ausencia de detalles oficiales también abre espacio para la especulación y la politización del caso: sin pruebas públicas contundentes, la controversia puede convertirse en arma discursiva de múltiples actores, tanto dentro como fuera de Perú.

¿Qué sigue? Escenarios probables y cuestiones abiertas

1. Investigación y versión oficial: queda la expectativa de que el gobierno peruano explique con mayor detalle las “actividades” aludidas en su comunicado, o que se preserven esas razones como asunto reservado de seguridad.
2. Respuesta cubana: La salida del embajador es un golpe simbólico; Cuba podría reaccionar diplomáticamente, elevar reclamaciones formales o buscar canales multilaterales para denunciar lo que considere una decisión injustificada.
3. Debate sobre la Convención de Caracas: si Perú impulsa cambios, la región enfrentará un debate legal y político que podría restringir el uso del asilo diplomático en casos de delitos comunes.
4. Uso político en campaña: en la antesala electoral, la narrativa de “injerencia extranjera” probablemente será utilizada por fuerzas políticas que quieran capitalizar la tensión sobre la seguridad y la soberanía nacional.

La expulsión del embajador cubano Carlos Zamora Rodríguez deja más preguntas que respuestas oficiales.

En un tablero regional ya convulsionado por solicitudes de salvoconducto y reclamos sobre el uso del asilo diplomático, el caso marca un capítulo importante: pone en discusión el equilibrio entre la protección consular, la no injerencia y la seguridad democrática.

Si bien en la arena pública circulan acusaciones que apuntan a vínculos con inteligencia y acciones desestabilizadoras del embajador cubano, corresponde ahora a las instancias oficiales ofrecer pruebas o explicaciones claras que eviten que la incertidumbre sea cooptada por la polarización política.

Con información del medio peruano Expreso

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