La cubana cuestiona la sentencia que expone la desprotección de la infancia en Cuba

Una cubana denuncia públicamente la baja condena dictada por los tribunales del régimen contra su expareja, un depredador sexual comprobado que abusó reiteradamente de su hija menor de edad.

El caso ha generado indignación en redes sociales y pone en evidencia cómo el sistema jurídico de Cuba incumple tanto su propia legislación como convenios internacionales de protección a la niñez.

La denunciante, Maylen María Díaz Delgado, utilizó su cuenta en Facebook para mostrar al mundo lo que considera una “resolución arbitraria y alejada de todo marco legal coherente”.

Según explica, el agresor fue condenado apenas a 4 años de prisión y a una sanción accesoria de restricción de la responsabilidad parental por solo tres años, lo que permitiría al abusador reclamar derechos sobre la menor en un futuro cercano.

Una sanción que contradice las leyes cubanas

La madre cubana sostiene que la sentencia viola tres cuerpos legales fundamentales del propio Estado cubano:

• La Constitución de la República de Cuba (2019): en su artículo 86 establece que el interés superior del niño es de carácter obligatorio en todas las decisiones judiciales, y que los menores deben ser protegidos contra todo tipo de violencia.
• El Código Penal: su artículo 426 permite la privación definitiva de la responsabilidad parental en casos de delitos sexuales contra menores.
• El Código de las Familias (2022): en su artículo 156 inciso (d), dicta que la responsabilidad parental se extingue de manera automática y definitiva cuando un padre o madre es condenado por delitos cometidos contra su propio hijo.

En palabras de Díaz: “Esta sentencia es absolutamente irresponsable. No vela por los intereses de la menor, sino por los del criminal, otorgándole la potestad de reincidir en el futuro”.

Incumplimiento de convenios internacionales

El caso no solo contradice las leyes cubanas, sino también compromisos internacionales asumidos por el propio Estado:

• Convención sobre los Derechos del Niño (Cuba firmó en 1990 y ratificó en 1991): obliga a garantizar la protección integral de los menores frente a toda forma de violencia.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos: establece la obligación de los Estados de garantizar la seguridad y dignidad de todos los individuos, en especial de los más vulnerables.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Cuba en 2008): en su artículo 24.1 garantiza a todo niño el derecho a medidas de protección, tanto del Estado como de la sociedad y la familia.

Al ignorar estas normas, la sentencia cubana expone al país a ser denunciado por violación de derechos humanos a nivel internacional.

Indignación en redes sociales

La publicación de Maylen María Díaz en Facebook ha tenido un gran alcance, generando indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla. Los comentarios reflejan un sentir común: la justicia en Cuba protege más al agresor que a la víctima.

“¿Cómo es posible que un abusador sexual tenga la oportunidad de reclamar custodia en tres años?”, cuestionó una usuaria. Otro internauta escribió: “Esto demuestra que en Cuba la niñez está totalmente desprotegida. Es un crimen jurídico y moral”.

La etiqueta #CubanaDenuncia comenzó a circular entre activistas de derechos humanos, convirtiéndose en un llamado a visibilizar este caso ante instancias internacionales.

Un grito desesperado: “Los niños cubanos tienen derecho a tener derechos”

La madre cubana concluye su denuncia con un mensaje contundente: “Exijo la revisión de la sentencia, porque ha dejado a mi hija desprotegida frente a su agresor. Los niños cubanos tienen derecho a tener derechos. Dios, Patria, Vida y Libertad”.

El caso de esta cubana que denuncia la injusticia de los tribunales no es un hecho aislado. Refleja un patrón en el que el régimen cubano aplica condenas leves a crímenes graves, y pone de manifiesto la falta de independencia judicial y la ausencia de una verdadera protección a los menores.

Mientras tanto, la voz de esta madre cubana se convierte en símbolo de resistencia y de la urgencia de una reforma real que ponga por encima de todo la seguridad y el futuro de la niñez en Cuba.

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