Un juicio a 15 cubanos sin garantías

El Tribunal Municipal Popular de Bayamo condenó a 15 cubanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024, en las que cientos de cubanos salieron a las calles para exigir el fin de los apagones prolongados, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos.

Las sentencias, hechas públicas recientemente, alcanzan penas de hasta nueve años de privación de libertad, en un proceso judicial que ha sido ampliamente cuestionado por su falta de garantías.

Las condenas: entre prisión y trabajo correccional

De acuerdo con la nota oficial del Tribunal Supremo Popular, ocho de los acusados recibieron sanciones de entre seis y nueve años de cárcel; cinco deberán cumplir entre tres y cinco años; mientras que otros dos fueron sentenciados a trabajo correccional sin internamiento.

Los delitos atribuidos a los cubanos incluyen desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir.

La fiscalía y la defensa podrán apelar ante el Tribunal Provincial de Granma, aunque organismos independientes dudan de la imparcialidad de ese proceso.

Protestar por apagones y escasez: el contexto

Las manifestaciones en Bayamo surgieron en un clima de apagones de hasta 13 horas diarias, barrios enteros sin acceso a agua potable y una crisis alimentaria cada vez más aguda.
En municipios cercanos, como Gibara, también se registraron movilizaciones ciudadanas que fueron reprimidas con arrestos masivos.

Según reportes de Cubalex, estas protestas fueron “la culminación de múltiples pequeñas manifestaciones” detonadas por la crisis energética, la falta de medicinas y el creciente descontento popular.

Denuncias de violaciones procesales

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que los acusados cubanos permanecieron más de un año y tres meses detenidos antes del juicio, lo que consideran un abuso de la prisión preventiva y una clara violación de garantías procesales.

Cubalex y otras ONG recalcan que el caso de Bayamo se suma a un patrón sistemático de represión en Cuba, donde el régimen criminaliza la protesta pacífica y aplica sentencias desproporcionadas para desalentar nuevas movilizaciones.

Reacciones en redes sociales

La noticia provocó un aluvión de reacciones en redes sociales. En plataformas como X y Facebook, usuarios expresaron indignación y calificaron el fallo como una muestra de la “justicia selectiva” del régimen.

Muchos compararon la dureza de las sentencias contra manifestantes con la impunidad de funcionarios corruptos, mientras familiares de los condenados piden visibilidad internacional y apoyo de organizaciones de derechos humanos.

Un patrón de represión cada vez más evidente

El caso de Bayamo refleja una estrategia estatal orientada a ejemplificar y disuadir: cada manifestación espontánea recibe como respuesta un proceso judicial prolongado y sanciones severas.

Analistas advierten que esta política puede tener un efecto boomerang: mientras en la isla se intenta sofocar la protesta con miedo, en el exterior las condenas se convierten en símbolos de represión, erosionando aún más la legitimidad del régimen.

Las condenas contra los 15 manifestantes cubanos de Bayamo son un recordatorio de que en Cuba protestar por comida, luz o agua se convierte en delito político.

El juicio, lejos de apagar el malestar social de los cubanos, abre un nuevo capítulo de tensión: familias fracturadas, voces silenciadas y un gobierno que insiste en criminalizar las necesidades más básicas de su pueblo.

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